El gobierno dominicano pondrá a disposición de los sectores productivos nacionales las herramientas que sean necesarias para evitar que sus empresas puedan ser utilizadas por organizaciones criminales. Así lo afirmó el presidente del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), Donald Guerrero Ortiz.
Guerrero Ortiz hizo la afirmación al pronunciar las palabras de apertura del acto de conmemoración del Día Nacional para la Prevención del Lavado de Activos, en el que Mónica Mendoza, jefa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), pronunció una conferencia magistral.
El ministro de Hacienda manifestó que la República Dominicana ha asumido un compromiso firme y decidido con la prevención y persecución del delito de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Como muestra de ese compromiso, citó la entrada en vigencia de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que fue aprobada por el Congreso Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo en el pasado mes de julio.
Guerrero Ortiz aseguró que la nueva legislación, que derogó la Ley 72-02, sobre el lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de drogas, representa un importante avance para el país.
“Este nuevo marco legal forma parte de un conjunto de medidas que ha venido adoptando el gobierno dominicano para promover la transparencia, la lucha contra el delito organizado nacional e internacional, la reducción y la evasión de los agentes económicos que actúa en el mercado nacional y global”, declaró el funcionario.
Enfatizó que el país cumple con todos los estándares internacionales en materia de Prevención y Persecución Contra el Delito de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, “expresados en las cuarenta recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y, en materia fiscal, a través del Foro Global de Transparencia para el Intercambio de Información con fines fiscales”.
Durante la actividad, hubo un panel de discusión en torno al tema del lavado de activos que estuvo integrado por los especialistas: Andrea Garzón, consultora internacional; Ricardo Rojas, asesor del gobernador del Banco Central; Wendy Lora, directora general de la Unidad de Análisis Financiero y Ruth De los Santos, directora general de Política y Legislación Tributaria.
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