Santo Domingo. Como parte de la consolidación de una alianza estratégica para proteger la economía dominicana frente a la competencia desleal, el Gobierno anunció el despliegue de una auditoría integral de permisos y licencias comerciales en todo el país, respaldada por nuevas métricas de trazabilidad y un endurecimiento del control fiscal.

Esta acción fue validada en la sesión de la Mesa de Coordinación contra el Comercio Ilícito, donde el ministro Eduardo Sanz Lovatón hizo el anuncio formal.

En este espacio, las capacidades de inteligencia y ejecución de los ministerios de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Hacienda y Economía se fusionan con el poder operativo de las direcciones generales de Aduanas (DGA), Impuestos Internos (DGII) y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom), creando un bloque unificado de acción estatal.

Durante el encuentro, Sanz Lovatón destacó que la efectividad de esta mesa radica en haber institucionalizado el diálogo, logrando que la inteligencia de mercado que aportan los gremios se convierta en política pública vinculante. En este contexto, el ministro subrayó el compromiso innegociable del gobierno con la protección de las inversiones formales:

«El Estado está escuchando al sector productivo. Cada inquietud presentada por los gremios ha sido catalogada y ahora se traduce en acciones concretas de fiscalización y revisión de permisos», afirmó el titular del MICM. El funcionario advirtió que el comercio ilícito no es solo una fuga recaudatoria, sino un ataque directo a la competitividad del país.

La articulación de estas acciones se selló en la sede del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, con una participación robusta del liderazgo público y privado en la que estuvo presente el ministro Magín Díaz. Por el gabinete gubernamental, la sesión integró al ministro de Trabajo, Eddy Olivares; así como al director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara.

Por parte del sector empresarial, el pacto de acción contó con el respaldo de Juan José Attías, primer vicepresidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), y de Mario E. Pujols, vicepresidente ejecutivo de la entidad. La presencia y validación de estos líderes gremiales reafirma que las decisiones adoptadas no son medidas unilaterales, sino el resultado de un Estado que escucha, asimila y protege a su tejido productivo.