Santo Domingo. – La Comisión de Revisión dispuesta por la Ley 16-26 que autoriza el pago a contratistas del Estado de reclamaciones derivadas de obras ejecutadas con o sin contrato formal, instruyó al Ministerio de Educación (Minerd) a proceder con el pago a RD$326.3 millones correspondiente a 251 expedientes de proveedores de ese ministerio.

Con esta decisión, y luego de completarse el proceso de desembolso a cargo del Minerd, quedan honrados compromisos asumidos por Educación con contratistas que desarrollaron trabajos en diversas instalaciones regionales y centros distritales del ministerio.

“En consecuencia, AUTORIZA al Ministerio de Educación de la República Dominicana a tramitar el pago de dichas acreencias, con cargo a las disponibilidades financieras de las Regionales correspondientes o, en su defecto, con cargo a las apropiaciones presupuestarias de ese ministerio, según resulte procedente”, especifican las actas en las que reposan las medidas.

Las aprobaciones han sido adoptadas de forma unánime en varias sesiones de trabajo realizadas por la comisión conformada por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, quien la preside; el contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez; el director general de Presupuesto y viceministro de Presupuesto y Contabilidad, José Rijo Presbot y Carlos Pimentel, director general de Contrataciones Públicas, quienes cuentan con un equipo técnico de verificación para garantizar que cada medida cumpla con el debido proceso.

Otras medidas adoptadas por la Comisión han sido el retorno al Ministerio de Educación de un total de 330 expedientes que presentan hallazgos relevantes que impiden adoptar una decisión de aprobación a fin de que se proceda a realizar el sustento documental correspondiente.

Estos resultados son dados a conocer como parte de proceso transparente que lleva a cabo la Comisión que reitera su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con las instituciones que la integran, los órganos de control y los representantes de la sociedad que participan como veedores, con el objetivo de garantizar el cumplimiento responsable de las obligaciones del Estado y al fortalecimiento de la confianza de los ciudadanos en la administración pública.

La Ley 16-26 incluye a contratistas de obras ejecutadas para entidades como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (Mopc), Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), la antigua Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), El Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi), estos dos últimos continuados jurídicamente por el hoy Ministerio de la Vivienda, Habitad y Edificaciones (Mived) y otras instituciones estatales.