Santo Domingo. – En cumplimiento del mandato conferido por la Ley 16-26 que autoriza el pago a contratistas del Estado y crea una comisión para la revisión de reclamaciones derivadas de obras ejecutadas con o sin contrato formal, fue realizada la primera sesión de trabajo en la que se aprobó un protocolo para la aplicación de la referida legislación y de esta forma honrar los compromisos con terceros que cumplan con los requisitos establecidos.

La aprobación fue adoptada por la comisión dispuesta por la ley, la cual está conformada por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, quien la preside; el contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez; el director de Presupuesto, José Rijo Presbot y Carlos Pimentel, director de Contrataciones Públicas.

De forma general, los miembros de la comisión sancionaron decisiones fundamentales que están orientadas a establecer el marco operativo para la implementación de la referida legislación, y avanzar con el reconocimiento y pago de las deudas del Estado con los contratistas acogidos a esta normativa bajo lineamientos de transparencia.

En ese sentido, el protocolo para la aplicación de la Ley 16-26 aprobado establece los procedimientos, criterios y requisitos técnicos que regirán el proceso de revisión, evaluación y tramitación de los expedientes, el cual será de conocimiento público.

Este protocolo representa un paso decisivo para la ejecución de la legislación, al dotar al proceso de reglas claras, uniformes y ágiles para el conocimiento de los expedientes, manteniendo la seguridad jurídica de las actuaciones administrativas.

De igual forma, la comisión dispuso su remisión a los veedores y todas las instituciones comprendidas en dicha legislación, a fin de asegurar la correcta aplicación de los procedimientos establecidos, incluyendo la supervisión y rendición de cuentas contemplados.

La comisión reiteró que constituye un objetivo prioritario avanzar con la mayor agilidad posible en la implementación efectiva de la referida ley, creando las condiciones administrativas, técnicas y operativas necesarias para dar inicio al proceso de pago de las deudas reconocidas por esta legislación.

En ese orden, se dará prioridad a aquellos expedientes que, al momento de la entrada en vigor de la normativa, se encontraban en proceso de revisión por la Contraloría General de la República.

La comisión reafirma su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con las instituciones que la integran, los órganos de control y los representantes de la sociedad que participan como veedores, con el objetivo de garantizar el cumplimiento responsable de las obligaciones del Estado y al fortalecimiento de la confianza de los ciudadanos en la administración pública.

Se recuerda que la legislación impacta a contratistas de obras ejecutadas para entidades como el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), la antigua Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y otras instituciones estatales.

El viceministro del Tesoro y Patrimonio, Derby De Los Santos, encabezó el Encuentro de Cumplimiento: Sinergia México–RD de la World Compliance Association que se celebra en el país

Santo Domingo. – La República Dominicana es sede del Encuentro de Cumplimiento: Sinergia México–RD, organizado por la World Compliance Association (WCA), en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio de Hacienda y Economía, una iniciativa orientada a fortalecer la cooperación internacional para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (PLAFT).

La realización de este encuentro reafirma el compromiso del país con el fortalecimiento de los mecanismos de prevención y la articulación de esfuerzos entre los sectores público y privado frente a este delito.

En esta reunión, el viceministro del Tesoro y Patrimonio, Derby De Los Santos, afirmó que la prevención de este delito es una prioridad y una condición indispensable para la estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica de las inversiones y la credibilidad de la República Dominicana ante la comunidad financiera internacional.

La coordinación nacional contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva debe traducirse en resultados concretos y verificables en materia de políticas públicas, afirmó el funcionario.

De Los Santos valoró la realización de este encuentro, organizado por la WCA, al destacar que constituye un espacio para fortalecer la cooperación entre la República Dominicana y México mediante el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de prevención del lavado de activos.

“Respaldamos estas iniciativas porque fomentan la capacitación, el intercambio de experiencias y la articulación de esfuerzos que nos ayuden a ganar la batalla contra la criminalidad organizada”, sostuvo el viceministro, al destacar que el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, preside el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), conforme al mandato que confiere la Ley 155-17.

De su lado, la directora general de la UAF, Aileen Guzmán, destacó la importancia de mantener una respuesta coordinada y preventiva frente al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Asimismo, reafirmó el compromiso de la UAF de continuar impulsando iniciativas que fortalezcan la integridad del sistema nacional de prevención.

El encuentro reunió a autoridades, especialistas y representantes de los sectores público y privado de ambos países con el propósito de fortalecer la cooperación técnica e institucional frente a los desafíos que plantean el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Durante la jornada, líderes de la WCA, autoridades de la UAF, del Ministerio de Hacienda y Economía y expertos certificados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México analizaron los principales desafíos regulatorios, los riesgos emergentes y las mejores prácticas para fortalecer los sistemas antilavado de activos y de cumplimiento.

El evento también promovió el intercambio técnico entre los capítulos de la World Compliance Association de República Dominicana y México, impulsando la armonización de criterios, la gestión de riesgos y la aplicación de estándares internacionales que contribuyan a fortalecer la transparencia y la integridad del sistema financiero regional.

El viceministro estuvo acompañado de Carlos Pérez, presidente de la World Compliance Association, México; Tania De León, presidenta de la World Compliance Association, República Dominicana; y Aileen Guzmán, directora general de la Unidad de Análisis Financiero.

Para este año, el Presupuesto General del Estado contempla una asignación de RD$151,334.1 millones destinada a iniciativas relacionadas con la igualdad de género y la acción climática.

Santo Domingo. El Ministerio de Hacienda y Economía (MHE), a través de la Dirección de Inversión Pública, desarrolló el taller “Incorporación del enfoque de género en los proyectos de inversión pública”, para fortalecer las capacidades técnicas de los servidores públicos responsables de la formulación y ejecución de proyectos.

La actividad forma parte del proyecto de cooperación técnica «Finanzas Públicas Sostenibles e Inclusivas», financiado por el Programa de Acción Climática para el Desarrollo Sostenible de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la coordinación de Expertise France.

En ese sentido, el director de Inversión Pública, Francis Ortega, explicó que esta iniciativa fortalece la implementación del enfoque de género incorporado en las normas técnicas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), mediante la presentación de metodologías, mecanismos e instrumentos que facilitan su aplicación a lo largo del ciclo de vida de los proyectos de inversión pública.

Destacó que la capacitación permite a las instituciones que formulan proyectos, que conozcan las herramientas desarrolladas para la República Dominicana, basadas en experiencias internacionales para mejorar la identificación, formulación y seguimiento de proyectos que contribuyan a reducir las brechas de género, fortaleciendo además la calidad del clasificador de género en la planificación presupuestaria nacional.

“La incorporación del enfoque de género en la planificación y ejecución de la inversión pública permite que las políticas y los recursos del Estado respondan de manera más efectiva a las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres, contribuyendo a reducir las brechas de desigualdad y promoviendo un desarrollo más equitativo, de acuerdo con el marco normativo dominicano”, dijo Ortega.

De su lado, Rosa Matos, directora de transversalidad de género del Ministerio de la Mujer compartió que «esta actividad permite involucrar más entidades al esfuerzo nacional para transversalizar el enfoque de la igualdad de género, que requiere la contribución de todas y todos».

Para este año, el Presupuesto General del Estado contempla una asignación de RD$151,334.1 millones destinada a iniciativas relacionadas con la igualdad de género y la acción climática. De ese monto, RD$2,456 millones están orientados a programas para reducir las brechas de género en los sectores de servicios generales, económicos y sociales, mientras que RD$148,878.1 millones están destinados a acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.

El encuentro reunió a representantes de instituciones estratégicas del Estado, entre ellas la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), la Dirección de Inversión Pública (DIP), el Ministerio de la Mujer y unidades ejecutoras de diversos proyectos de inversión pública.

Facilitadores destacan el valor de compartir conocimientos para fortalecer la gestión pública y contribuir a un mejor servicio para la ciudadanía.

Santo Domingo. – En ocasión de la conmemoración del Día Nacional del Maestro, el Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) reconoció la labor de los docentes y facilitadores que, desde las aulas y los espacios de capacitación institucional, contribuyen a fortalecer las capacidades de los servidores públicos y a consolidar una gestión estatal cada vez más eficiente, transparente y orientada a resultados.

Detrás de cada política pública, de cada presupuesto y de cada servicio que llega a la ciudadanía, existe una cadena de aprendizaje y transferencia de conocimientos impulsada por profesionales que han asumido la docencia como una vocación de servicio en el centro de capacitación del MHE.

Para Wandy Hierro, contador público autorizado y facilitador del centro de capacitación con más de 16 años de experiencia en la formación especializada del sector público, enseñar representa mucho más que impartir conocimientos técnicos.

“La docencia es compartir y multiplicar. Para mí, no es un tema económico; es una vocación. Es transmitir a otros lo que uno ha aprendido a lo largo de los años para que puedan crecer, desarrollarse y aportar más al país”, expresó.

A lo largo de casi dos décadas vinculadas a la administración financiera del Estado, Hierro ha contribuido a la formación de cientos de servidores públicos en áreas como contabilidad gubernamental, presupuesto, tesorería, crédito público, administración tributaria y gestión de bienes del Estado.

En su experiencia, ha sido testigo de la evolución del sector público y de la importancia que tiene la capacitación continua para responder a los desafíos de una administración moderna.

“Cada servidor público debe prepararse no solo para el puesto que ocupa hoy, sino para el siguiente. La formación permanente es una herramienta de crecimiento profesional y una forma de fortalecer las instituciones”, afirmó.

Enseñar para transformar vidas

Una visión similar comparte Leomar Liriano, administradora de empresas, especialista en gestión pública y facilitadora del centro con nueve años de experiencia, quien considera que la docencia es un instrumento fundamental para profesionalizar la administración pública y generar un impacto positivo en la sociedad.

“Formar servidores públicos es contribuir a que los ciudadanos reciban mejores servicios. Cuando capacitamos a una persona, fortalecemos sus competencias, pero también fortalecemos la capacidad del Estado para responder a las necesidades de la población”, señaló.

Liriano, quien además es directora de la Articulación Interinstitucional del Viceministerio de Coordinación y Seguimiento del Ministerio de la Presidencia, destacó que la enseñanza en la administración pública tiene un valor especial porque permite conectar conocimientos técnicos con resultados concretos para la sociedad.

“Lo más gratificante es ver cómo los participantes logran aplicar lo aprendido en su trabajo diario y cómo eso se traduce en mejores procesos, mejores decisiones y mejores servicios para la gente”, explicó.

Formación para un Estado más eficiente

Desde el Ministerio de Hacienda y Economía se impulsa una visión de capacitación alineada con las áreas estratégicas de la gestión financiera pública, incluyendo política fiscal, presupuesto, contabilidad gubernamental, tesorería, crédito público, inversión pública y administración tributaria.

Este enfoque busca garantizar que los servidores públicos cuenten con las herramientas necesarias para enfrentar los retos de un entorno cada vez más dinámico y complejo, incorporando nuevas metodologías de aprendizaje, recursos digitales y herramientas tecnológicas que respondan a las necesidades de las nuevas generaciones.

Los facilitadores coinciden en que la formación continua constituye uno de los pilares fundamentales para preservar el talento humano, fortalecer las competencias técnicas y promover una cultura de excelencia dentro del sector público.

La decisión fue adoptada durante la LXVI Reunión Ordinaria de la Asamblea de Gobernadores, máximo órgano de decisión de la institución, en la que participó el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, en su calidad de Gobernador Titular por la República Dominicana ante el BCIE

Oviedo, España. La Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), aprobó mediante resolución la incorporación de la República Dominicana a la lista de accionistas “Serie A” con lo que el país pasa a formar parte del 51 % de la participación accionaria junto a los países fundadores de esa institución.

Esa importante decisión se produjo durante la LXVI Reunión Ordinaria de la Asamblea de Gobernadores del BCIE, celebrada en la ciudad de Oviedo, Principado de Asturias, España, en la que participó el ministro de Hacienda y Economía (MHE), Magín Díaz, en calidad de Gobernador Titular ante este banco.

Mayor posibilidad inversión para impulsar el desarrollo de RD

La decisión aumenta el capital autorizado del BCIE, desde US$7,000 millones hasta US$10,000 millones, para continuar fortaleciendo el robusto perfil financiero del banco y ampliar su capacidad crediticia para apoyar proyectos estratégicos de inversión pública e infraestructura que contribuyan al desarrollo económico y social de los países miembros.

El encuentro, realizado el pasado viernes 26 de junio, reunió a ministros de Economía y Finanzas y altas autoridades responsables de las políticas económicas de los países miembros.

En este contexto, el ministro sostuvo reuniones bilaterales con autoridades del BCIE y representantes de otros países, orientadas a fortalecer la cooperación financiera e impulsar proyectos estratégicos para la República Dominicana.

El acto inaugural de la Asamblea incluyó intervenciones de la presidente ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez; del presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón; así como del vicepresidente primero del Gobierno de España, ministro de Economía, Comercio y Empresa y gobernador Titular por España ante el BCIE, Carlos Cuerpo.

Sobre el BCIE

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) es una institución financiera multilateral de desarrollo, con carácter internacional.

Sus recursos se invierten continuamente en proyectos con impacto en el desarrollo para reducir la pobreza y las desigualdades, fortalecer la integración regional y la inserción competitiva de los socios en la economía mundial, otorgando especial atención a la sostenibilidad del medio ambiente.

Ministerios y gobernaciones revisan proyectos y metas priorizadas del Gobierno en las provincias

Santo Domingo. – El Gobierno puso en marcha una estrategia de articulación territorial orientada a fortalecer la planificación, coordinación y ejecución de iniciativas de desarrollo en las provincias, mediante la creación de la Red por el Desarrollo Territorial (REDT), una plataforma que integrará a instituciones gubernamentales, autoridades locales y actores sociales en cada demarcación.

La iniciativa fue formalizada mediante una declaración conjunta suscrita por el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda y Economía, el Ministerio de Interior y Policía y las gobernaciones provinciales, con el propósito de impulsar acciones que contribuyan al desarrollo integral de los territorios y a la mejora de la calidad de vida de la población.

Como parte de los compromisos asumidos, las instituciones acordaron promover una mayor visibilidad de las necesidades de cada demarcación para lograr un desarrollo articulado que vaya enlazado al Sistema Nacional de Planificación e Inversión.

Asimismo, se estableció el impulso de iniciativas estratégicas alineadas con las políticas priorizadas por el Gobierno, orientadas a potenciar las oportunidades de desarrollo económico y social en cada territorio.

La estrategia también contempla el fortalecimiento y consolidación de los Consejos de Desarrollo Provincial como espacios consultivos y deliberativos que reúnen a representantes de los sectores sociales y económicos junto a las autoridades electas de cada provincia, con el objetivo de fomentar una gestión más participativa e inclusiva.

Otro de los acuerdos suscritos establece la coordinación de acciones entre los ministerios de la Presidencia, Interior y Policía, Hacienda y Economía y las gobernaciones para impulsar proyectos y programas de desarrollo en el marco de las regiones únicas de planificación.

De igual manera, las gobernaciones se comprometieron a desempeñar un papel activo como portavoces de las iniciativas y acciones gubernamentales en sus respectivas demarcaciones, contribuyendo a mantener informada a la ciudadanía y promoviendo la reducción de brechas territoriales.

Revisan proyectos y metas priorizadas

Las gobernadoras provinciales y el personal técnico de los ministerios de la Presidencia, Hacienda y Economía e Interior y Policía desarrollaron una jornada de trabajo para fortalecer la articulación y el seguimiento a los proyectos de gobierno priorizados en cada territorio de la República Dominicana.

Durante todo un día de trabajo, las gobernadoras y un equipo técnico de los ministerios, incluido Erick Dorrejo, director de Desarrollo y Planificación Territorial del MHE, identificaron los principales compromisos, desafíos y metas de la gestión del presidente Luis Abinader en cada una de las regiones y provincias del país.

En la jornada las gobernadoras alinearon las demandas sociales de sus respectivas comunidades con las proyecciones de ejecución presupuestaria y los programas de mayor impacto en los indicadores de desarrollo.

Se trata del primero de una serie de encuentros dedicados a fortalecer los niveles de cohesión, articulación y efectividad de la ejecución pública en el territorio.

Santo Domingo. El Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) realizó este miércoles el “Seminario de Economía, Finanzas y Ciencias Sociales 2026”, un espacio de intercambio técnico orientado a la presentación de hallazgos de investigación aplicados a la gestión pública y al diseño de políticas más eficaces.

La actividad reunió a académicos, investigadores y funcionarios del sector público, con el propósito de fortalecer el análisis interdisciplinario y promover el uso de evidencia en la toma de decisiones.

El acto estuvo encabezado por el viceministro de Economía, Alexis Cruz Rodríguez, y la viceministra de Política Fiscal, Camila Hernández, quienes resaltaron la importancia del intercambio técnico y la generación de conocimiento dentro del Gobierno, reafirmando la visión de una administración pública sustentada en datos, análisis riguroso y evidencia científica.

Durante el encuentro se presentaron exposiciones a cargo de especialistas del Banco Central de la República Dominicana, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), PROMIPYME, el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), así como de los viceministerios de Economía y de Política Fiscal del MHE, organizadas en bloques temáticos que permitieron abordar de manera estructurada los principales desafíos socioeconómicos del país.

En el bloque social se analizaron indicadores de pobreza estructural y monetaria, incluyendo la presentación del Índice de Calidad de Vida (ICV) a cargo del SIUBEN, la actualización del Registro Social Único de Hogares (RSUH) en la zona fronteriza, así como un estudio sobre los determinantes de la fecundidad en América Latina.

En el bloque productivo y financiero se abordaron temas relacionados con la eficiencia y sostenibilidad de los sistemas de microfinanzas, destacando los mecanismos de no arbitraje en instituciones de microcrédito sin captación de depósitos, presentados por PROMIPYME, junto con enfoques basados en evidencia internacional desarrollados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En el bloque macroeconómico se concentró el análisis sobre la resiliencia fiscal ante la incertidumbre global, con investigaciones sobre los efectos macrofiscales y el uso de las estadísticas del Sector Público No Financiero (SPNF) para el análisis fiscal y el impacto de la volatilidad cambiaria en la recaudación fiscal. Asimismo, el Banco Central de la República Dominicana presentó un estudio sobre el indicador de incertidumbre económica en el país.

El seminario forma parte de las iniciativas institucionales orientadas a fortalecer la colaboración técnica entre organismos del Estado y entidades multilaterales, promoviendo la generación, intercambio y aplicación de conocimiento especializado para el fortalecimiento de la gestión pública.

Al participar en la Semana Nacional de Financiamiento Climático, María José Martínez, destacó la importancia de preservar la sostenibilidad como componente vital para la estabilidad macroeconómica y fiscal de la República Dominicana

Santo Domingo. – La viceministra de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Economía (MHE), María José Martínez, consideró que es un aspecto esencial para la República Dominicana fortalecer los mecanismos de financiamiento sostenible y de gestión de riesgos climáticos para preservar la estabilidad macroeconómica frente a los retos que supone el cambio climático.

Al representar al Ministerio en la Semana Nacional de Financiamiento Climático, la funcionaria realizó una serie de planteamientos que reflejan la visión y el compromiso institucional sobre esta realidad que enfrenta el país como pequeño Estado insular.

“Desde el Ministerio de Hacienda y Economía reiteramos nuestro compromiso de continuar fortaleciendo las capacidades institucionales, la transparencia y la gestión responsable de los recursos públicos como pilares fundamentales para enfrentar los desafíos del cambio climático. Porque financiar la resiliencia climática es también proteger nuestro crecimiento económico, fortalecer nuestra competitividad y construir un mejor futuro para las próximas generaciones de dominicanos”, resaltó.

Martínez refirió que, para la institución, la acción climática es asumida no solo como la protección de ecosistemas, sino como preservación de la economía y el bienestar de la población.

En ese orden, detalló parte de las acciones que se siguen bajo estos lineamientos al explicar que el Gobierno cuenta con “metas climáticas claramente definidas; con una taxonomía verde nacional; con un marco de financiamiento sostenible que permitió la exitosa emisión de nuestro Bono Verde Soberano; y con una cartera identificada de proyectos elegibles alineados con nuestros objetivos ambientales y de desarrollo”.

“La emisión de nuestro Bono Verde Soberano representó un hito importante para el país. No solamente porque permitió canalizar recursos hacia proyectos con beneficios ambientales tangibles, sino porque demostró la capacidad de la República Dominicana para vincular la gestión responsable de la deuda pública con objetivos concretos de sostenibilidad”, refirió al tiempo que concluyó destacando el respaldo de los inversores que recibió esta colocación por un valor de US$750 millones, la cual registró una demanda significativamente superior al monto emitido.

Asimismo, la viceministra destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de identificación, seguimiento y reporte de las inversiones climáticas, señalando que la transparencia y la trazabilidad son elementos fundamentales para generar confianza y movilizar recursos hacia proyectos sostenibles.

Sobre la Semana Nacional de Financiamiento Climático

La Semana Nacional de Financiamiento Climático 2026 es organizada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales con el apoyo de un conjunto de organizaciones internacionales que son socias del Gobierno en temas de sostenibilidad y desarrollo.

Este año la jornada, que inició este miércoles y se extenderá hasta el viernes 26, está centrada en la importancia de movilizar financiamiento climático para una República Dominicana resiliente y baja en carbono.

Además de la viceministra de Crédito Público en el acto protocolar de inicio intervino el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez; el embajador de la Unión Europea en el país, Raul Santiago Fuentes Milani; la embajadora de la República Federal Alemania, Maike Friedrichsen, y se proyectó un mensaje oficial de Ban Ki-moon, presidente de la Asamblea y el presidente del Consejo del Instituto Global para el Crecimiento Verde.

Durante estos tres días la iniciativa reúne a actores del gobierno, sistema financiero, sector privado, cooperación internacional, academia, sociedad civil, juventud e innovación para impulsar una agenda verde y climática más coordinada, transparente y accionable para pasar del compromiso a la inversión verde y azul.

La actualización de las Estimaciones y Proyecciones Nacionales de Población 1950-2100 reflejan la transformación demográfica del país y aportan información clave para planificar el futuro de una población más longeva.

Santo Domingo. – La Oficina Nacional de Estadística (ONE), dependencia del Ministerio de Hacienda y Economía (MHE), presentó los resultados de las nuevas Estimaciones y Proyecciones Nacionales de Población, las cuales muestran que el país se encuentra en una transformación demográfica, con una fecundidad cada vez más baja y una población que vive más años, lo que se refleja en un incremento sostenido en la esperanza de vida.

Las estimaciones y proyecciones de población fueron elaboradas con el acompañamiento técnico del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y actualiza por completo el panorama demográfico del país para el período 1950-2100.

Como parte del proceso de elaboración se incorporaron informaciones del X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, las estadísticas vitales, encuestas especializadas y otras fuentes complementarias como los registros administrativos, integradas mediante metodologías demográficas reconocidas internacionalmente, que fortalecen la base de evidencia para la planificación y el desarrollo sostenible del país.

Durante la actividad para presentar estos resultados, la directora general de la ONE, Mildred Martínez, destacó que las estimaciones y proyecciones de población constituyen uno de los insumos estadísticos más estratégicos para el país, ya que permiten comprender las transformaciones demográficas ocurridas para comprender el futuro, además, aportan evidencia para la planificación, la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones.

Por su parte, Gabriel Mendes Borges, oficial de Asuntos de Población del CELADE-CEPAL, presentó los aspectos metodológicos utilizados para la elaboración de las nuevas proyecciones, y subrayó la importancia de contar con procesos técnicamente robustos y comparables internacionalmente para garantizar la calidad de los resultados. Destacó, que el cambio de metodología pasando de 5×5 a 1×1, la cual se está utilizando en la región, ha sido posible en el país gracias al fortalecimiento de las capacidades técnicas institucional, la mejora continua de los registros administrativos, destacando las estadísticas vitales y otros.

Asimismo, Evalina Gómez, directora de Análisis Social del Viceministerio de Economía del MHE, resaltó la importancia de estos resultados como una herramienta fundamental para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia y orientadas a responder a los cambios demográficos que experimenta el país.

Una fecundidad en transformación

Entre los hallazgos más relevantes se destaca la evolución de los patrones de fecundidad en la República Dominicana.

Mientras que en 1950 cada mujer tenía en promedio 7.57 hijos en toda su vida reproductiva, para el año 2026 esta cifra se sitúa en 1.97 hijos por mujer, es decir por debajo del nivel de reemplazo. Las proyecciones estiman que este indicador se mantendrá en torno a 1.70 hijos por mujer hacia 2050 y 2100, reflejando los cambios sociales, económicos y culturales que han acompañado el desarrollo del país en las últimas décadas.

La fecundidad adolescente también continúa mostrando una tendencia favorable a la reducción. Se estima que representa el 14 % en 2026, disminuyendo a 12 % en 2050 y a 7 % en 2100. Si bien, este sigue siendo un tema relevante para la política pública.

Asimismo, la edad media de la fecundidad pasó de 28.53 años en 1950 a 26.45 años en 2026, con una proyección de 26.62 años para 2050 y 26.97 años para 2100, lo que evidencia una transformación gradual de los patrones reproductivos de las mujeres en el país.

Población más longeva

Los resultados muestran también avances históricos en la esperanza de vida al nacer, esta pasó de 44.0 años en 1950 a 75.7 años en 2026 (79.1 años en el caso de las mujeres y 72.4 años en el de los hombres), y para el año 2100 las proyecciones prevén en 91.5 años. Los resultados sugieren, además, sobre una sobremortalidad masculina presente en todas las edades, con un pico a los 20 años en el que la mortalidad de los hombres llega a triplicar la mortalidad de las mujeres.

Como resultado de esta ganancia en años de vida y la baja fecundidad, la edad media de la población dominicana, que era de 21.6 años en 1950, se sitúa en 32.9 años en 2026 y se proyecta en 40.3 años para 2050 y en 51.6 años para 2100.

El índice de envejecimiento, que relaciona a la población de 60 años y más con la de menores de 15 años, superará el umbral de 60 hacia 2031, marcando el ingreso del país a una etapa de envejecimiento alto, y este índice continuará en ascenso hasta el final del siglo.

Esta transformación se refleja también en la composición por edades: el peso de la población infantil (0-14 años) se reducirá de 25% en 2025 a 18% en 2050, mientras que la población de 65 años y más pasará de 9% a 17% en el mismo período, hasta alcanzar 36% de la población total en 2100. De mantenerse esta tendencia, hacia mediados de siglo, por primera vez en su historia, la República Dominicana tendrá más adultos mayores que niños y niñas. Estos cambios conllevan una mirada importante en materia de política pública, se prevé que las necesidades de cuidado cambien de la población infantil a la población adulta mayor.

La población dominicana continuará creciendo durante las próximas décadas

Entre los resultados presentados, las estimaciones y proyecciones muestran que la población dominicana alcanzó poco más de 10.8 millones de habitantes en 2026 y llegará a 12.3 millones de habitantes en 2050, y que seguirá creciendo hasta acercarse a su punto máximo en torno a la década de 2070, para luego iniciar un descenso gradual hasta situarse en poco más de 11.9 habitantes en 2100.

Ese cambio de tendencia se explica por la desaceleración del crecimiento poblacional: la tasa promedio anual de crecimiento, que fue de 31.3 por mil habitantes entre 1950 y 1975, se estima en 10.3 por mil para 2000-2025 y las proyecciones la ubican en 3.9 por mil para 2025-2050, en 0.9 por mil para 2050-2075 y en -2.6 por mil para 2075-2100, es decir, con más defunciones que nacimientos hacia el final del siglo.

Las proyecciones incorporan el comportamiento esperado de la migración internacional a través del saldo migratorio neto. Este componente, históricamente negativo debido a la mayor salida que entrada de población, muestra una tendencia gradual hacia la reducción de su magnitud a lo largo del período proyectado. Como resultado, se estima una convergencia progresiva hacia niveles cercanos al equilibrio migratorio alrededor de 2050.

En cuanto a la composición por sexo, las estimaciones muestran que, de mantenerse las tendencias actuales de mortalidad, la diferencia numérica entre hombres y mujeres se ampliará en las próximas décadas, con una mayor presencia femenina en los grupos de edades más avanzadas.

Una ventana de oportunidad demográfica

Estos resultados confirman que la República Dominicana transita actualmente por una ventana de oportunidad demográfica, caracterizada por la menor relación de dependencia observada en su historia reciente: por cada 100 personas en edad de trabajar, hay 51.7 personas dependientes en 2026, el nivel más bajo del período analizado, frente a 93.4 en 1950. Las proyecciones sitúan esta relación en 53.3 para 2050, antes de remontar hasta 94.1 en 2100, a medida que el envejecimiento eleve nuevamente el peso de la población dependiente. De acuerdo con los resultados presentados, esta ventana de oportunidad demográfica se extendería aproximadamente hasta el año 2065.

Para el país, traducir esta transformación demográfica en políticas públicas implica incorporar la dinámica poblacional como un eje transversal de la planificación económica y social: anticipar las demandas futuras de la población, asignar mejor los recursos públicos, diseñar políticas diferenciadas según la etapa demográfica de cada territorio, fortalecer la resiliencia fiscal y social del país, y construir una agenda centrada en las personas que convierta el cambio demográfico en una oportunidad real de desarrollo.

Como parte de la hoja de ruta institucional, la ONE prevé socializar estos resultados en discusiones focalizadas con actores claves, publicar las tablas de mortalidad derivadas del ejercicio y avanzar, durante 2026 y 2027, en las estimaciones y proyecciones de población subnacional, de población económicamente activa y de hogares, que permitirán afinar aún más la planificación pública a nivel territorial y sectorial.

La presentación de estos resultados reunió a representantes de instituciones públicas, organismos internacionales, academia, centros de investigación y usuarios especializados de información demográfica, interesados en conocer las nuevas Estimaciones y Proyecciones Nacionales de Población elaboradas por la ONE con el acompañamiento técnico de la CEPAL.

La medida beneficia a empresas dominicanas que adquieren software, publicidad digital y servicios en la nube de proveedores extranjeros y no tiene impacto sobre los usuarios particulares

Santo Domingo. – El Ministerio de Hacienda y Economía aclaró que la Ley 30-26 sobre Medidas Procrecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional  reduce de 27 % a 15 % la retención del Impuesto sobre la Renta (ISR) aplicable a determinados pagos realizados por empresas dominicanas a proveedores no residentes por concepto de licencias de software, regalías, derechos de autor, publicidad digital y servicios de almacenamiento en la nube, lo cual representa una reducción de doce puntos porcentuales respecto al régimen anterior.

Con este cambio, se genera un alivio para las empresas locales que utilizan herramientas tecnológicas provistas desde el exterior y se acerca el tratamiento tributario del país a los estándares aplicados en otras economías de la región.

Ante interpretaciones inexactas que han circulado en redes sociales sobre el alcance de la medida, Hacienda y Economía precisó que esta retención aplica exclusivamente en el ámbito de las relaciones comerciales entre empresas dominicanas y proveedores extranjeros. En ese sentido, explicó que son las compañías domiciliadas en el país las que actúan como agentes de retención al momento de realizar pagos al exterior.

“Hasta la aprobación de la Ley 30-26, estos pagos realizados por empresas dominicanas a proveedores no residentes estaban sujetos a una retención de 27 %. La nueva disposición reduce esa tasa a 15 % cuando se trate de regalías, derechos, licencias de software, publicidad digital o servicios de almacenamiento en la nube. Esto representa un alivio para las empresas locales y nos coloca en niveles similares a los de otros países de la región”, explicó la institución.

Es decir, destacó que estas retenciones no tienen nada que ver con los servicios digitales que contratan las personas, por lo que no les afectan.

La institución enfatizó que las suscripciones a plataformas de entretenimiento, aplicaciones móviles, servicios en la nube de uso individual y cualquier otro servicio digital contratado directamente por ciudadanos no están sujetos a esta disposición.

El Ministerio de Hacienda y Economía reafirmó su compromiso de ofrecer información oportuna y precisa sobre el alcance de las medidas tributarias vigentes e invitó a la ciudadanía a consultar sus canales oficiales para conocer los detalles de la Ley 30-26.