Santo Domingo. – El Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) saludó hoy la aprobación en el Congreso Nacional el Proyecto de Ley sobre Medidas Procrecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional que busca mantener la estabilidad y proteger a los sectores vulnerables y medios de la población.

La institución consideró como un importante paso de avance la sanción de la iniciativa que viene a crear espacio fiscal al Estado para responder al actual contexto de crisis producto de los conflictos en Medio Oriente.

Para la aprobación la comisión bicameral conformada para el estudio del proyecto rindió un informe favorable tras ponderar cada una de las propuestas. El proceso se concretizó luego de haber escuchado al ministro Magín Díaz y a ejecutivos de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, quienes fueron convocados en sesiones previas por separado para responder inquietudes de los legisladores.

La iniciativa pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación de acuerdo con los trámites establecidos en la Constitución de la República.

Al ofrecer su valoración sobre la aprobación, la institución reconoció el liderazgo y responsabilidad asumida por los legisladores, especialmente por los presidentes de ambos hemiciclos, Ricardo de los Santos, y Alfredo Pachecho, tras el sometimiento de la propuesta que realizó el pasado viernes 12 el presidente de la República, Luis Abinader. De igual forma, agradeció las propuestas hechas por las diferentes bancadas legislativas en el seno del Congreso Nacional.

El proyecto diseñado por el MHE no modifica el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) -ni su tasa ni su base-, no alterar la mayoría de los impuestos selectivos vigentes sobre combustibles, alcoholes, cigarrillos y telecomunicaciones, y excluye a las micro, pequeñas y medianas empresas de nueva carga tributaria. Por el contrario, elimina el pago de anticipos a microempresas y redefine el que deben pagar las pequeñas empresas, entre otros beneficios.

Además, aumenta en un 15 % el umbral de los salarios exentos de pago de impuestos sobre la renta que pagan los asalariados al pasar de RD$34,685 a RD$39,900, así como un aumento en la deducción de gastos educativos y elimina impuestos anacrónicos.

El ministro de Hacienda y Economía afirmó que el proyecto anticrisis no toca el ITBIS, no afecta a la clase media ni a las mipymes, y busca preservar la estabilidad económica ante el actual contexto internacional.

Santo Domingo. – El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, afirmó este martes que más del 90 % de la recaudación estimada en el Proyecto de Ley sobre Medidas Procrecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional provendrá del 1 % más rico de la población.

Díaz sostuvo que la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional fue diseñada con criterios de equidad, responsabilidad fiscal y protección social, con el objetivo de preservar la estabilidad económica del país sin cargar a los sectores de clase media, a las micro, pequeñas y medianas empresas ni a la población vulnerable.

“El 90 % de la recaudación estimada, que se ubica entre RD$40,000 millones y RD$50,000 millones, provendrá del 1 % más rico de la población”, explicó el funcionario, al señalar que esa composición evidencia que el proyecto no traslada el peso fiscal hacia los sectores medios ni vulnerables.

Durante un encuentro con los legisladores que integran la comisión bicameral que estudia la iniciativa, Díaz explicó en detalle el alcance de las medidas propuestas y ponderó el trabajo técnico realizado para formular una propuesta “razonable y equitativa”.

“Venimos al Congreso con una propuesta seria, bien pensada y factible en el contexto actual. Lo importante es preservar tres principios: estabilidad económica, equidad tributaria y responsabilidad en el uso de los recursos públicos. Ese es nuestro compromiso y pedimos a la sociedad que sea parte, porque la estabilidad económica nos beneficia a todos”, expresó ante los congresistas.

El ministro enfatizó que el proyecto no contempla tocar el ITBIS ni afectar a las mipymes. Indicó que las medidas procuran fortalecer la capacidad del Estado para contener el déficit fiscal, sostener los subsidios y proteger a la población frente a los efectos del actual contexto internacional.

Otro eje central de su intervención fue la transparencia en el uso de los recursos. Díaz adelantó que el Poder Ejecutivo acompañará la propuesta con un mecanismo de rendición de cuentas que permita a la ciudadanía conocer el rendimiento de las medidas, su impacto fiscal y el destino de los fondos recaudados.

“El Poder Ejecutivo acompañará la propuesta con un esquema de rendición de cuentas para que la ciudadanía pueda conocer el rendimiento de las medidas, su impacto fiscal y el destino de los recursos recaudados”, puntualizó.

El encuentro se realizó en la sede del Senado de la República y contó con la participación de senadores y diputados miembros de la comisión bicameral, encabezada por el senador Pedro Catrain. Durante la sesión, el ministro respondió inquietudes de legisladores de partidos de oposición y del oficialismo.

En la reunión también fueron escuchados los planteamientos de ejecutivos de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, quienes expusieron su visión sobre la iniciativa legislativa enviada al Congreso el pasado viernes por el presidente Luis Abinader.

Sobre este punto, Díaz reiteró la disposición al diálogo que, según afirmó, ha acompañado todo el proceso de elaboración del proyecto y que continuará durante la etapa de discusión legislativa.

“El Ministerio de Hacienda y Economía, como órgano técnico responsable del diseño de la propuesta, acompañará el debate legislativo con información clara y datos verificables”, concluyó.

El funcionario dijo que la propuesta de reforma se elaboró para que paguen más quienes tienen más

Santo Domingo. – El viceministro de Economía, Alexis Cruz, destacó que las medidas económicas propuestas por el Gobierno dominicano buscan mitigar los estragos económicos que viene dejando la actual guerra en Medio Oriente.

El viceministro expuso también que, aunque la crisis no fue creada en el país, impacta a economías pequeñas como la dominicana frente a lo que el Gobierno intenta mitigar los efectos en el costo elevado de los combustibles, la canasta familiar y la inflación.

Los planteamientos fueron expuestos por el funcionario al participar en el espacio radial, Tribuna de la Verdad de la Z101, donde reiteró que estas medidas tienen como objetivo proteger a la clase media y a los más vulnerables.

De acuerdo con Cruz, las propuestas impactarán positivamente a los ciudadanos de a pie, ya que no se estarían tocando los impuestos más usados como el ITBIS y se incluye un incremento en el monto a la devolución en gastos estudiantiles, así como el aumento de los salarios libres de impuestos, entre otras.

El viceministro puntualizó que, aunque el Gobierno ha decidido reorientar el gasto, seguirán las inversiones públicas para responder a las necesidades de la población.

“El objetivo es lograr recaudar unos RD$40 a RD$50 mil millones que permitan mantener ciertos subsidios, así como focalizar programas sociales”, explicó.

Tras ser cuestionado sobre la actual deuda pública del país, Cruz resaltó que República Dominicana tiene una deuda sostenible, participa en emisión de bonos, paga menos intereses y cuenta con mercados internacionales interesados en inversión.

Santo Domingo. – Previo a la presentación de las medidas procrecimiento económico y mitigación de la crisis internacional (Plan Anticrisis), el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, sostuvo encuentros con sectores productivos y sociales clave de la sociedad, con quienes compartió los pormenores de la propuesta como parte de la apertura al diálogo de la actual gestión frente a esa institución.

El primero de estos encuentros fue realizado con representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD). En esta reunión fueron presentadas las medidas para fortalecer la estabilidad económica, proteger a las familias y asegurar recursos para el desarrollo del país.

En ese sentido, en el encuentro, celebrado en la Torre Empresarial, se intercambiaron impresiones sobre las iniciativas planteadas, las cuales fueron valoradas por representantes del empresariado dominicano, en un ambiente de construcción de consensos.

Además, el funcionario sostuvo otro productivo encuentro con representantes de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en la sede de Hacienda y Economía, en la que se reconoció que el plan propuesto protege a este sector.

En este escenario, Díaz resaltó que una de las principales medidas de protección para las mipymes es la eliminación del pago de anticipos a las microempresas y redefinición de este para las pequeñas empresas, lo que representa un alivio.

Tras el anuncio formal también se han sumado a las valoraciones positivas de las medidas la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) y la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), así como la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Fenacerd), la Confederación de Comerciantes y Empresarios y Mipymes de la República Dominicana (Conmipymes) y la Asociación Nacional de Productores de Asfalto (ANPRAS), entre otros.

De igual forma, el ministro se reunió con economistas, directores de medios y líderes de opinión, con quienes compartió de primera mano cada una de las iniciativas y respondió las preguntas formuladas.

Estos espacios contribuyen al fortalecimiento de la colaboración entre el Gobierno y el sector privado, así como la sociedad en sentido general para impulsar acciones que favorezcan la estabilidad económica, la inversión y el desarrollo sostenible de la República Dominicana.

Santo Domingo. – El Gobierno dominicano someterá al Congreso Nacional un proyecto de ley con una estrategia de nuevos ingresos que busca captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales como respuesta a las presiones que la crisis internacional impone sobre las finanzas públicas que, además, contiene medidas que vienen a fortalecer a las micro y pequeñas empresas.

Durante una rueda de prensa, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, expuso los alcances de la iniciativa, concebida en cuatro dimensiones: medidas procrecimiento, simplificación tributaria, combate a la evasión y consolidación fiscal.

El plan anticrisis para la sostenibilidad y la protección de la población frente a la crisis global busca fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas, preservar la estabilidad macroeconómica y asegurar los recursos necesarios para sostener la inversión pública, los servicios esenciales y la protección social.

“República Dominicana ha demostrado que puede crecer más que la región. El desafío ahora es proteger lo construido, fortalecer nuestra estabilidad y garantizar oportunidades para las próximas generaciones”, afirmó el funcionario.

El proyecto diseñó su arquitectura de ingresos con una premisa explícita: no modificar el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) -ni su tasa ni su base-, no alterar la mayoría de los impuestos selectivos vigentes sobre combustibles, alcoholes, cigarrillos y telecomunicaciones, y excluir a las micro, pequeñas y medianas empresas nueva carga tributaria.

La principal medida de consolidación fiscal es una sobretasa de tres puntos porcentuales al Impuesto sobre la Renta (ISR) Empresarial, que se elevaría a 30% durante tres años, aplicable exclusivamente a los grandes contribuyentes con ingresos superiores a RD$1,000 millones anuales. Esa franja comprende poco más de 1,000 empresas de un universo de 140,000 que presentaron declaración del ISR en 2025, equivalente a menos del 0.8% del total.

A esa medida se suman el aumento marginal del impuesto a los cheques y transferencias electrónicas de 0.15% a 0.2%; la creación de un Impuesto Selectivo al Consumo para cigarrillos electrónicos y vapeadores; el incremento de la tributación sobre casinos y juegos de azar; y un aumento de diez dólares estadounidenses al impuesto sobre los pasajes aéreos.

En el frente del combate a la evasión, el proyecto habilita la percepción del ITBIS en la Dirección General de Aduanas para importaciones de contribuyentes informales, amplía las retenciones del ISR sobre sectores de difícil fiscalización, introduce mecanismos de trazabilidad fiscal para bebidas alcohólicas, cigarrillos y combustibles, y otorga al Ministerio de Hacienda y Economía poder de veto sobre decisiones de leyes de incentivo, para evitar abusos.

Alivio para clase media y pymes

La iniciativa contempla también disposiciones orientadas a reducir la presión fiscal sobre segmentos de menores ingresos. Para personas físicas, el proyecto ajusta por inflación el mínimo no imponible del ISR personal -que no se actualiza desde hace aproximadamente una década- y eleva el mínimo exento de RD$34,685 a RD$39,900, nivel suficiente para cubrir el costo de la canasta familiar del segundo quintil de ingreso.

Asimismo, incrementa la deducción por gastos educativos del 25% al 30%, y hasta el 50% cuando los gastos beneficien a personas con discapacidad, autismo o trastornos del neurodesarrollo. Estas medidas entrarían en vigor en enero de 2027.

Para las microempresas -que representan el 78% de las empresas que reportaron ISR en 2025 se derogan los anticipos del impuesto. Las empresas pequeñas pasarán a realizar tres pagos al año en lugar de 12. El sector agropecuario quedará exento de anticipos e impuesto a los activos.

Tal como el ministro Díaz había prometido en ocasiones anteriores, el proyecto deroga, además, figuras tributarias anacrónicas: la ley que grava las hipotecas data de 1890; la ley de impuesto a los fósforos, de 1935; y la ley de control de estampillas, de 1966.

Se eliminan también gradualmente los impuestos a la constitución de compañías y al Impuesto Selectivo a los seguros de vida, medidas que el Gobierno califica como obstáculos a la competitividad y a la formalización.

El Gobierno también pone de su parte

El criterio rector, según la presentación del ministro, es «comprimir lo no prioritario, postergar lo no esencial y preservar las funciones críticas del Estado». Explicó que en 2025 el gasto corriente cayó 0.5% del PIB mientras el gasto de capital aumentó, y el gasto en publicidad se encuentra en mínimos históricos, representando el 0.099% del PIB y el 0.52% del gasto total en el período 2021–2025, por debajo del promedio histórico de la década precedente (0.109% y 0.62%, respectivamente).

En ese mismo período, la Ley de Responsabilidad Fiscal fue cumplida de manera holgada en su primer año de aplicación, lo que le permitió al país colocar bonos soberanos a tasas similares a las de México -nación con grado de inversión- e inferiores a las de Colombia, con los márgenes más bajos de la historia para títulos comparables.

Santo Domingo. – Al presentar las medidas procrecimiento económico y mitigación de la crisis internacional (Plan Anticrisis), el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, fue claro en delinear el objetivo de la propuesta cuyo eje principal busca proteger a los sectores vulnerables, la clase media, así como a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y exigir mayor esfuerzo donde existe mayor capacidad contributiva.

En ese sentido, a continuación, te presentamos los planteamientos íntegros realizados por el funcionario al dar a conocer los detalles de las medidas que serán enviadas al Congreso Nacional.

“Un proyecto responsable, gradual y orientado a proteger la estabilidad económica

El Poder Ejecutivo ha decidido someter a la consideración del Congreso Nacional un plan de medidas económicas pro-crecimiento y de mitigación de los efectos de la crisis internacional. Es un plan responsable, gradual y equilibrado con el objetivo de fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas, proteger la estabilidad macroeconómica y crear espacio fiscal para sostener la inversión pública, los servicios esenciales y la protección social.

El proyecto se cuida de no cargar el esfuerzo sobre los sectores más vulnerables ni sobre las micro, pequeñas y medianas empresas.

Al mismo tiempo que protege a las MiPymes, incluye alivios para la clase media y contempla medidas pro-inversión, simplificación tributaria, combate a la evasión y consolidación fiscal.

No estamos modificando el ITBIS general, no estamos tocando los productos de primera necesidad, no estamos modificando las tasas del Impuesto al Patrimonio Inmobiliario —IPI—, pero tampoco se afecta a las MiPymes con aumento del Impuesto sobre la Renta empresarial; no estamos gravando con impuestos adicionales a los intereses ni a los dividendos locales; ni tampoco estamos gravando las plataformas digitales.

El principio que guía esta propuesta es claro: mayor esfuerzo donde existe mayor capacidad contributiva, más facilidades para quienes producen y se formalizan, y más protección para la clase media y los sectores vulnerables.

Proteger la estabilidad, el crecimiento y la equidad

El país mantiene fortalezas económicas importantes, pero enfrenta una restricción fiscal creciente exacerbada por una sucesión de choques externos ininterrumpidos que iniciaron con la pandemia en el 2020 y que incluyen el choque inflacionario internacional de 2021-2022 de los precios internacionales de los alimentos, los insumos agropecuarios y los precios de la energía como el petróleo, gas natural y el carbón, exacerbado luego por la guerra de Rusia-Ucrania.

Para enfrentar el brote de inflación más grande en los países desarrollados en los últimos cuarenta años, los Bancos Centrales a nivel mundial se vieron en la necesidad de hacer aumentos en las tasas de interés a partir del año 2022 con el esperado resultado de una desaceleración en la actividad económica global.

El año pasado ocurrió el cambio de la política comercial de Estados Unidos, el más grande en casi cien años y que marcó para muchos el fin de la era de la globalización comercial. Y este año la guerra en el medio oriente ha constituido, en palabras de la Agencia Internacional de Energía, la disrupción más grande en la historia del mercado petrolero.

El Gobierno ha navegado esta sucesión de choques con éxito, demostrando un manejo diestro de la política monetaria y un manejo prudente de las finanzas públicas que incluso han permitido una reducción de la deuda pública a partir del año 2020. Esto ha sido reconocido por los organismos internacionales y por las calificadoras de riesgo, quienes incluso en esta coyuntura tan retadora han mejorado la calificación del país.

El aumento continuo de la inversión extranjera directa a partir del 2021 es la señal inequívoca de que la comunidad internacional apuesta al país en el largo plazo y da un voto de confianza al manejo macroeconómico y a la madurez de nuestra clase política.

Pero la situación actual exige decisiones responsables para preservar la estabilidad, reducir presiones de endeudamiento y evitar que la población más vulnerable sufra desproporcionadamente por una crisis internacional que no creamos nosotros.

Las medidas que estamos proponiendo nos permitirán seguir moderando los traspasos de los precios internacionales a los precios domésticos de combustibles y alimentos, sin que el déficit fiscal aumente desproporcionadamente. También evitarán ajustes contraproducentes en la tarifa eléctrica.

Es importante destacar que los dominicanos estamos pagando los combustibles a un precio equivalente del barril de petróleo de unos 77 dólares.

A un precio del petróleo de 95 dólares, si queremos eliminar el subsidio, el aumento promedio en los precios de los combustibles en el país debería ser de casi 50 pesos adicionales; y de 60 pesos si el precio del petróleo estuviera en 100 dólares. Esto sería inviable para las familias dominicanas.

La política de subsidios del Gobierno ha permitido contener las presiones inflacionarias. De no ser por esta política la inflación estuviera en la actualidad en el rango de 7%-8%, en lugar del 5% actual.

Mientras otros países de la región han decidido traspasar un porcentaje mucho mayor del choque internacional a los precios domésticos, el Gobierno dominicano ha actuado con prudencia dado los niveles de persistencia e incertidumbre de esta crisis internacional, realizando a la fecha un aumento promedio de un 15% en los precios de los combustibles, frente un promedio de la región de casi un 30%. El principio que nos guía es la responsabilidad fiscal con sensibilidad social, tratando en todo momento de proteger a los grupos más vulnerables de la población.

El Gobierno está haciendo su aporte y sacrificio, manejando las cuentas fiscales con prudencia y responsabilidad. En el 2025 el gasto corriente cayó en 0.5% del PIB (equivalente a unos RD$ 40,000 MM a precios actuales); a la vez que aumentó el gasto de capital.

En los últimos años hemos eliminado y/o fusionado instituciones gubernamentales; y el gasto en publicidad, del que tanto se habla, ha estado en mínimos históricos en términos relativos en este periodo de Gobierno.

Desde que se inició la crisis, el Gobierno ha realizado esfuerzos importantes para ajustar partidas de gasto como publicidad, viajes, viáticos, pasajes y eventos. También hemos reducido el gasto en compras de bienes y servicios; y transferencias corrientes no prioritarias.

Hemos dado prioridad a los gastos indispensables para el manejo del Estado y creado espacio para la reasignación a subsidios esenciales en esta coyuntura. También estamos haciendo esfuerzos para mejorar la focalización de los programas de protección social para que éstos lleguen a quienes realmente lo necesitan.

Por esta combinación de medidas esperamos un ajuste del gasto público de al menos RD$ 35,000 millones durante el año. Pero hacer recortes adicionales impactaría negativamente sobre los sectores más vulnerables al poner en riesgo la calidad de los servicios básicos que provee el Gobierno como educación, salud, seguridad y protección social. Tampoco es razonable hacer una reducción de la inversión pública en esta coyuntura.

Por estas razones estamos proponiendo una estrategia de ingresos con un alcance moderado que procura una recaudación estimada entre RD$40,000 millones y RD$50,000 millones.

La propuesta busca corregir distorsiones del sistema tributario, combatir la evasión y la informalidad, simplificar obligaciones para contribuyentes, apoyar la inversión privada y generar recursos adicionales bajo un compromiso explícito de transparencia y rendición de cuentas.

No estamos diseñando una un plan fiscal para frenar la economía. Al contrario: esta propuesta incluye incentivos concretos para invertir, exportar, formalizar y producir más.

Un sistema tributario moderno no solo debe recaudar. También debe eliminar cargas innecesarias, facilitar la formalización y acompañar la competitividad del país.

Antes de pedirle más a quienes ya cumplen, el Estado tiene que hacer más simple el cumplimiento tributario y cerrar los espacios de evasión, informalidad y privilegios mal utilizados. Esa es una condición básica de credibilidad.

El proyecto incluye medidas específicas para apoyar a la clase media. Este plan corrige distorsiones acumuladas y reconoce que la justicia fiscal también implica proteger al trabajador que cumple.

Combate a la evasión, la informalidad y los abusos

El proyecto dota a la Administración Tributaria de nuevas herramientas para combatir el incumplimiento fiscal, la informalidad y prácticas que erosionan la base tributaria.

La evasión y la informalidad no son gratis. Cuando algunos no cumplen, terminan pagando más los que sí cumplen. Esta reforma busca corregir esa inequidad.

Transparencia y rendición de cuentas

El Poder Ejecutivo acompañará la propuesta con un esquema de rendición de cuentas para que la ciudadanía pueda conocer el rendimiento de las medidas, su impacto fiscal y el destino de los recursos recaudados.

Esta reforma no puede ser un cheque en blanco. Cada peso adicional debe ser explicado, reportado y justificado ante la ciudadanía. La confianza no se exige: se construye con datos, resultados y transparencia.

Esta semana haremos un aumento moderado en los precios de los combustibles, pero con el compromiso de congelar los precios al menos durante tres meses, siempre y cuando el precio promedio del barril del petróleo no exceda los 95 dólares. De igual forma, nos comprometemos a no mover la tarifa eléctrica en esta coyuntura.

Esto lo podremos hacer si contamos con los recursos adicionales que esta propuesta nos va a generar. El Ministerio de Hacienda y Economía, como órgano técnico responsable del diseño de la propuesta, acompañará el debate legislativo con información clara y datos verificables.

Vamos al Congreso con una propuesta seria y bien pensada. Lo importante es preservar tres principios: estabilidad económica, equidad tributaria y responsabilidad en el uso de los recursos públicos. Ese es nuestro compromiso y pedimos a la sociedad que sea parte, porque la estabilidad económica nos beneficia a todos”.

Santo Domingo. – El Ministerio de Hacienda y Economía (MHE), a través de su Centro de Capacitación en Planificación, Inversión Pública y Gestión Fiscal, inició este viernes un ciclo de graduaciones, mediante el cual se investirán 745 servidores públicos de diversas instituciones estatales, tras completar exitosamente programas de formación especializados orientados al fortalecimiento de la gestión financiera gubernamental.

Esto refleja el compromiso del Ministerio con la capacitación continua de los colaboradores en el sector público, que constituye un eje fundamental para elevar la capacidad de respuesta del Estado, mejorar la calidad de los servicios, y avanzar hacia una administración pública más eficiente, moderna y transparente.

Las primeras ceremonias de investidura se realizaron este viernes 12 y las últimas serán desarrolladas el 19 de junio, en el salón de actos Florencio Antonio Lorenzo Silva del centro educativo.

Los graduandos recibieron certificados correspondientes a los diplomados en Hacienda e Inversión Pública, Compras y Contrataciones Públicas Orientado a Resultados, Planificación y Gestión de Proyectos de Inversión Pública del Estado, y Contabilidad Gubernamental, así como de las especializaciones técnicas en Control Interno, Presupuesto Público, y Tesorería.

Estos actos cuentan con la participación de los viceministros Derby De Los Santos, del Tesoro y Patrimonio; Alexis Cruz, de Economía; y Mónica Peña, directora del centro de capacitación.

«En el entorno global que vivimos, dinámico y lleno de desafíos, contar con servidores públicos altamente capacitados no es una opción, es una necesidad. Los cambios que ocurren a nivel mundial impactan directamente las decisiones financieras, de planificación e inversión pública del Estado, y es precisamente por eso que seguiremos impulsando la profesionalización de nuestros servidores cada día con más compromiso. Estas graduaciones son una muestra de que el MHE entiende que la mejor inversión que puede hacer un país es en el capital humano que gestiona sus recursos», expresó Mónica Peña, directora del centro.

Las acciones formativas, impulsadas por el órgano rector de la capacitación hacendaria, política fiscal y economía, ratifican el compromiso del MHE con la excelencia en la gestión pública, promoviendo el fortalecimiento de las capacidades y competencias técnicas del capital humano, fomentando una cultura institucional basada en la mejora continua, que contribuya al desarrollo y modernización del Estado para responder a los desafíos que enfrenta el país.

Santo Domingo. – El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, acompañado de la viceministra de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Economía (MHE), María José Martínez; sostuvo la reunión de cierre del ‘Staff Visit’ del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezada por Ricardo Llaudes.

Durante la misión el equipo del FMI recabó datos preliminares del sector público y privado sobre la economía dominicana, proyectando que la economía dominicana cerraría el año 2026 con un crecimiento en torno al 4 % y una inflación dentro del rango meta 4 % +/- 1 %.

Durante el encuentro de cierre realizado en el BCRD, Ricardo Llaudes, resaltó que, en sus visitas a representantes del sector privado dominicano, recogieron “la confianza de que la resiliencia y los robustos fundamentos macroeconómicos de los que dispone el país permiten navegar con éxito en el mar de incertidumbres creado por la persistencia del conflicto en Medio Oriente”.

Asimismo, afirmó que, en la perspectiva empresarial, “el crecimiento en 2026 de la economía dominicana será de los más altos en Latinoamérica, impulsado por una base exportadora cada vez más amplia y de mayor valor añadido, lo cual da confianza a los inversores internacionales”.

Llaudes destacó que “las políticas decisivas y oportunas implementadas por el Banco Central, tanto el año pasado como éste, y los esfuerzos del Ministerio de Hacienda por incrementar la inversión de capital dentro de un marco prudente, se reconocen como contribuciones del sector público para el buen crecimiento de la economía dominicana en lo que llevamos de año”.

El jefe del equipo del FMI agregó que “a pesar de la coyuntura global, se siguen viendo flujos de ingresos muy elevados, con altos niveles de exportaciones, turismo e inversión extranjera directa (IED). Esto ayudará a que el déficit de la cuenta corriente se mantenga ligeramente por encima de 1.5 %”.

Llaudes se refirió también al sector financiero, afirmando que “se mantiene resiliente con niveles elevados de capitalización y rentabilidad. Por otra parte, esta delegación ve fundamental continuar con políticas fiscales prudentes, ancladas por el cumplimiento de la regla fiscal y la protección del gasto de capital”.

Valdez Albizu manifestó que el BCRD se mantiene en constante vigilancia del impacto de los choques externos, y señaló la estrecha colaboración que siempre se ha mantenido con el FMI.

El gobernador destacó la resiliencia de la economía dominicana ante los choques externos y coincidió con el jefe de misión que la economía podría alcanzar un crecimiento en torno al 4 % este año.

En la reunión, Valdez Albizu estuvo acompañado por el gerente, Ervin Novas Bello; el subgerente general, Frank Montaño; el subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera, Joel Tejeda; la subgerente de Operaciones, Liselotte Reyes; el representante dominicano ante el FMI, Frank Fuentes; el asesor económico de la Gobernación, Julio Andújar Scheker; el subgerente del departamento de Programación Monetaria y Estudios Económicos, Joel González; el subgerente de Regulación y Estabilidad Financiera, Máximo Rodríguez; el subgerente de Cuentas Nacionales, Ramón González; la subgerente del departamento Internacional, Brenda Villanueva; el director del departamento de Regulación y Estabilidad Financiera, Carlos Delgado; la directora del departamento de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas, Elina Rosario; y el director de Tesorería, José Perdomo.

Por el FMI además del señor Llaudes, la delegación estuvo compuesta por los economistas senior Nathaniel Arnold y Rasool Zandvakil, y del economista Ilya Stepanov.

Por Hacienda y Economía participó también la viceministra de Política Fiscal, Camila Hernández Villamán.

Fuente: Banco Central de la República Dominicana.

El consenso entre los participantes en el encuentro fue la resiliencia mostrada por RD en el marco macroeconómico y fiscal, ante la incertidumbre que despliega el conflicto de Medio Oriente

Santo Domingo. República Dominicana. El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, acompañado del ministro de Hacienda y Economía (MHE), Magín Díaz, recibieron a una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezada por Ricardo Llaudes, con objeto de recabar datos preliminares de la economía dominicana como parte de una misión de Staff del FMI que estará en el país hasta este próximo viernes 12 de junio.

Durante el encuentro realizado en la sede del BCRD, Valdez Albizu les expresó que “el conflicto bélico en el Medio Oriente encuentra a la economía dominicana en un proceso de recuperación gradual, con una expansión interanual acumulada de 4.0 % en enero-abril de 2026, impulsado principalmente por los sectores de construcción, manufactura de zonas francas y hoteles, bares y restaurantes”.

En ese tenor, les informó que “la economía dominicana generó ingresos por turismo por US$3,910 millones en enero-marzo, mientras que la inversión extranjera directa totalizó US$1,537 millones en el primer trimestre”.

Asimismo, Valdez Albizu les indicó que “al mes de abril, las exportaciones totales acumuladas alcanzaron los US$5,689 millones y las remesas familiares unos US$4,080 millones. Este dinamismo del sector externo ha contribuido a la estabilidad relativa del tipo de cambio, con una apreciación acumulada del peso en torno al 8.0 % durante los meses transcurridos en el año”.

El gobernador señaló que, entre los pronósticos actuales, “se prevé que durante el resto del año continúe el buen desempeño del sector externo, proyectándose un déficit de cuenta corriente en torno a 1.4 % del producto interno bruto (PIB) para el cierre del año, que sería financiado con holgura por una inversión extranjera directa (IED) proyectada de US$5,346 millones”.

Con respecto al mercado laboral, Valdez Albizu destacó “el buen desempeño en el primer trimestre de 2026, reflejado en una población ocupada que alcanzó 5,236,178 personas, equivalente a un aumento interanual de 118,631 nuevos ocupados netos. De esta forma, la tasa de desocupación abierta se ubicó en 5.0 % en enero-marzo de 2026, similar al promedio registrado en el año 2025”.

Y en lo referente al índice de precios al consumidor (IPC), el gobernador les informó que “debido al impacto de la guerra en Medio Oriente, los modelos de pronósticos indican que la inflación interanual podría mantenerse temporalmente por encima del límite superior del rango meta de 4 % ± 1 %, durante los próximos meses, retornando al rango objetivo durante el cuarto trimestre del año, conforme se disipe el impacto de los mayores precios del petróleo”.

Por último, en el apartado del sector financiero, Valdez Albizu precisó el sistema financiero se mantiene robusto, capitalizado y con alta rentabilidad. El índice de solvencia se ubicó en 18.8 % en marzo de 2026, superior al mínimo regulatorio de 10%, en tanto que el coeficiente de morosidad fue de 1.7 % en abril de 2026, mientras que la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) se ubicó en 21.3 % y sobre los activos (ROA) en 2.7 %”

De este modo, concluyó que “la economía dominicana cuenta con fuertes fundamentos, un robusto sistema financiero y una probada capacidad de resiliencia que le permitirán sortear este choque externo adverso. Asimismo, el BCRD reitera su compromiso con su objetivo de inflación y con la estabilidad macroeconómica”.

Por su parte, el ministro de Hacienda y Economía, Magín J. Díaz, destacó el desempeño de la economía dominicana durante 2025 y el papel de la inversión pública como motor para retomar la senda de crecimiento. “En 2025 logramos aumentar el gasto de capital desde el 2.2 % del PIB presupuestado hasta el 2.6 %, sin generar presiones sobre la deuda y, al mismo tiempo, reduciendo el gasto corriente con respecto al año anterior, por lo que la regla fiscal se cumplió de manera holgada.”, afirmó.

Asimismo, señaló que durante 2026 la política fiscal se concentra en aplicar medidas prudentes para enfrentar el contexto internacional adverso, al tiempo que se salvaguardan la equidad y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

De su lado, Ricardo Llaudes, jefe de la delegación del FMI, señaló que “el panorama internacional ha cambiado mucho desde su última visita, con un choque energético y una incertidumbre incrementada a causa del conflicto de Medio Oriente, y resaltó que “a pesar de la situación compleja en el panorama internacional, el crecimiento en la República Dominicana se ha mantenido firme como testimonio de los fuertes pilares en los que se asienta su economía. Esto ha sido apoyado por un repunte en el crédito, fruto de las políticas de liquidez del Banco Central, y por un sector externo que se ha beneficiado de los buenos resultados alcanzados en turismo y exportaciones”.

Además de este encuentro de apertura con el BCRD y el MHE, la agenda de la misión del Staff Visit del FMI incluye reuniones con entidades del sector público y privado durante toda esta semana.

Valdez Albizu estuvo acompañado de la vicegobernadora, Clarissa de la Rocha de Torres; el gerente, Ervin Novas Bello; el subgerente general, Frank Montaño; el subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera, Joel Tejeda; el representante dominicano ante el FMI, Frank Fuentes; la subgerente de Operaciones, Liselotte Reyes; el asesor económico de la Gobernación, Julio Andújar Scheker; el subgerente de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas, Ramón González Hernández; así como el subgerente de Regulación y Estabilidad Financiera, Máximo Rodríguez.

También estuvieron presentes el subgerente del departamento de Programación Monetaria y Estudios Económicos, Joel González; la subgerente del departamento Internacional, Brenda Villanueva; la directora del departamento de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas, Elina Rosario; el director del departamento de Regulación y Estabilidad Financiera, Carlos Delgado; y el director de Tesorería, José Perdomo.

Además del señor Llaudes, la delegación del FMI estuvo compuesta por los economistas senior Nathaniel Arnold y Rasool Zandvakil, y del economista Ilya Stepanov.

Por Hacienda y Economía junto al ministro Díaz estuvo la viceministra de Política Fiscal, Camila Hernández Villamán.

Santo Domingo. – El Ministerio de Hacienda y Economía (MHE), en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación (SNMyE), celebró este miércoles el encuentro “Evidencia que transforma: ¿cómo traducir datos en mejores decisiones públicas?”, en el marco de la Semana de la Evaluación Glocal 2026, una iniciativa que reunió a representantes del Gobierno, academia, centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil, para reflexionar sobre el papel de los datos, la evidencia y la evaluación en el fortalecimiento de las políticas públicas y el desarrollo nacional.

La actividad promueve la cultura de la toma de decisiones basada en evidencia, a través del intercambio de enfoques, metodologías y experiencias vinculadas al monitoreo y la evaluación de programas y políticas públicas.

Durante la jornada, los participantes abordaron la importancia de incorporar datos y evidencia en todas las etapas del ciclo de las políticas públicas, desde su diseño e implementación hasta su evaluación, así como la necesidad de adoptar herramientas innovadoras que contribuyan a mejorar la calidad, efectividad y transparencia de la gestión gubernamental.

Al pronunciar sus palabras, el viceministro Martín Francos destacó que el Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) trabaja para consolidar una cultura de gestión basada en evidencia, promoviendo espacios de intercambio técnico y fortaleciendo las capacidades institucionales de monitoreo y evaluación. Asimismo, señaló la importancia de abordar retos relacionados con la calidad de los datos, la disponibilidad oportuna de información y la confiabilidad de los resultados para una mejor toma de decisiones públicas.

Entre las conferencias magistrales se destacó la ponencia “Evidencia que transforma: ¿cómo traducir datos en mejores decisiones públicas?”, presentada por Jefrey Lizardo, subdirector Técnico Misional de Salud del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), quien resaltó la importancia del uso estratégico de los datos para diseñar políticas más efectivas, optimizar los recursos públicos y generar mayores niveles de bienestar social.

Asimismo, el consultor experto de las Naciones Unidas, Luis Palacios, expuso sobre la “Metodología de Inferencia de Prioridad de Política (IPP) como insumo para la toma de decisiones”, compartiendo herramientas innovadoras para el análisis, priorización y evaluación de políticas públicas orientadas a maximizar su impacto.

Como parte central del encuentro se desarrolló el panel “De los datos a la decisión pública: desafíos y oportunidades en el uso de la evidencia”, integrado por Daniel de la Rosa, director de Análisis de la Información Socioeconómica del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN); Perla Rosario, directora de Estadísticas Económicas de la Oficina Nacional de Estadística (ONE); Néstor Viñals, director de Inteligencia de Datos del Viceministerio de Economía del MHE; y Laura Sánchez, directora de NEUROLAB-UNIBE.

Durante el diálogo, los panelistas analizaron los principales retos y oportunidades para fortalecer el uso de información confiable y oportuna en los procesos de formulación, implementación y evaluación de políticas públicas, destacando la necesidad de fomentar la interoperabilidad de datos, el fortalecimiento institucional y la innovación tecnológica.

La iniciativa contribuye a consolidar un espacio de articulación interinstitucional y fortalecimiento de capacidades en materia de monitoreo y evaluación, reafirmando el compromiso del Estado con una gestión pública más eficiente, transparente y orientada a resultados.

En ese sentido, Nelson Chávez, director de Desarrollo y Planificación Sectorial, resaltó la necesidad de aprovechar la creciente disponibilidad de datos para generar valor público, promover la innovación y la experimentación en la gestión pública, así como estrechar la colaboración entre el sector gubernamental, la academia y las organizaciones no gubernamentales. Asimismo, llamó a priorizar el bienestar ciudadano como eje central de la toma de decisiones y del trabajo de los distintos actores involucrados.

El evento también contó con la participación Derby De Los Santos, viceministro del Tesoro y Patrimonio y José Rijo Presbot, viceministro de Presupuesto y Contabilidad.

Acerca de Semana de Evaluación Glocal

La Semana de Evaluación Glocal es un evento anual de intercambio de conocimiento que conecta a una comunidad global en diversos sectores y regiones para discutir sobre evaluación. Cada año, miles de participantes de todo el mundo asisten a eventos presenciales y virtuales para intercambiar ideas sobre una amplia gama de temas de monitoreo y evaluación (M&E).

Al fomentar discusiones sobre M&E, Glocal inspira y fortalece el ecosistema evaluador a nivel mundial, tanto de individuos como de organizaciones comprometidas con el uso de prácticas basadas en evidencia para mejorar vidas.