La actualización de las Estimaciones y Proyecciones Nacionales de Población 1950-2100 reflejan la transformación demográfica del país y aportan información clave para planificar el futuro de una población más longeva.

Santo Domingo. – La Oficina Nacional de Estadística (ONE), dependencia del Ministerio de Hacienda y Economía (MHE), presentó los resultados de las nuevas Estimaciones y Proyecciones Nacionales de Población, las cuales muestran que el país se encuentra en una transformación demográfica, con una fecundidad cada vez más baja y una población que vive más años, lo que se refleja en un incremento sostenido en la esperanza de vida.

Las estimaciones y proyecciones de población fueron elaboradas con el acompañamiento técnico del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y actualiza por completo el panorama demográfico del país para el período 1950-2100.

Como parte del proceso de elaboración se incorporaron informaciones del X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, las estadísticas vitales, encuestas especializadas y otras fuentes complementarias como los registros administrativos, integradas mediante metodologías demográficas reconocidas internacionalmente, que fortalecen la base de evidencia para la planificación y el desarrollo sostenible del país.

Durante la actividad para presentar estos resultados, la directora general de la ONE, Mildred Martínez, destacó que las estimaciones y proyecciones de población constituyen uno de los insumos estadísticos más estratégicos para el país, ya que permiten comprender las transformaciones demográficas ocurridas para comprender el futuro, además, aportan evidencia para la planificación, la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones.

Por su parte, Gabriel Mendes Borges, oficial de Asuntos de Población del CELADE-CEPAL, presentó los aspectos metodológicos utilizados para la elaboración de las nuevas proyecciones, y subrayó la importancia de contar con procesos técnicamente robustos y comparables internacionalmente para garantizar la calidad de los resultados. Destacó, que el cambio de metodología pasando de 5×5 a 1×1, la cual se está utilizando en la región, ha sido posible en el país gracias al fortalecimiento de las capacidades técnicas institucional, la mejora continua de los registros administrativos, destacando las estadísticas vitales y otros.

Asimismo, Evalina Gómez, directora de Análisis Social del Viceministerio de Economía del MHE, resaltó la importancia de estos resultados como una herramienta fundamental para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia y orientadas a responder a los cambios demográficos que experimenta el país.

Una fecundidad en transformación

Entre los hallazgos más relevantes se destaca la evolución de los patrones de fecundidad en la República Dominicana.

Mientras que en 1950 cada mujer tenía en promedio 7.57 hijos en toda su vida reproductiva, para el año 2026 esta cifra se sitúa en 1.97 hijos por mujer, es decir por debajo del nivel de reemplazo. Las proyecciones estiman que este indicador se mantendrá en torno a 1.70 hijos por mujer hacia 2050 y 2100, reflejando los cambios sociales, económicos y culturales que han acompañado el desarrollo del país en las últimas décadas.

La fecundidad adolescente también continúa mostrando una tendencia favorable a la reducción. Se estima que representa el 14 % en 2026, disminuyendo a 12 % en 2050 y a 7 % en 2100. Si bien, este sigue siendo un tema relevante para la política pública.

Asimismo, la edad media de la fecundidad pasó de 28.53 años en 1950 a 26.45 años en 2026, con una proyección de 26.62 años para 2050 y 26.97 años para 2100, lo que evidencia una transformación gradual de los patrones reproductivos de las mujeres en el país.

Población más longeva

Los resultados muestran también avances históricos en la esperanza de vida al nacer, esta pasó de 44.0 años en 1950 a 75.7 años en 2026 (79.1 años en el caso de las mujeres y 72.4 años en el de los hombres), y para el año 2100 las proyecciones prevén en 91.5 años. Los resultados sugieren, además, sobre una sobremortalidad masculina presente en todas las edades, con un pico a los 20 años en el que la mortalidad de los hombres llega a triplicar la mortalidad de las mujeres.

Como resultado de esta ganancia en años de vida y la baja fecundidad, la edad media de la población dominicana, que era de 21.6 años en 1950, se sitúa en 32.9 años en 2026 y se proyecta en 40.3 años para 2050 y en 51.6 años para 2100.

El índice de envejecimiento, que relaciona a la población de 60 años y más con la de menores de 15 años, superará el umbral de 60 hacia 2031, marcando el ingreso del país a una etapa de envejecimiento alto, y este índice continuará en ascenso hasta el final del siglo.

Esta transformación se refleja también en la composición por edades: el peso de la población infantil (0-14 años) se reducirá de 25% en 2025 a 18% en 2050, mientras que la población de 65 años y más pasará de 9% a 17% en el mismo período, hasta alcanzar 36% de la población total en 2100. De mantenerse esta tendencia, hacia mediados de siglo, por primera vez en su historia, la República Dominicana tendrá más adultos mayores que niños y niñas. Estos cambios conllevan una mirada importante en materia de política pública, se prevé que las necesidades de cuidado cambien de la población infantil a la población adulta mayor.

La población dominicana continuará creciendo durante las próximas décadas

Entre los resultados presentados, las estimaciones y proyecciones muestran que la población dominicana alcanzó poco más de 10.8 millones de habitantes en 2026 y llegará a 12.3 millones de habitantes en 2050, y que seguirá creciendo hasta acercarse a su punto máximo en torno a la década de 2070, para luego iniciar un descenso gradual hasta situarse en poco más de 11.9 habitantes en 2100.

Ese cambio de tendencia se explica por la desaceleración del crecimiento poblacional: la tasa promedio anual de crecimiento, que fue de 31.3 por mil habitantes entre 1950 y 1975, se estima en 10.3 por mil para 2000-2025 y las proyecciones la ubican en 3.9 por mil para 2025-2050, en 0.9 por mil para 2050-2075 y en -2.6 por mil para 2075-2100, es decir, con más defunciones que nacimientos hacia el final del siglo.

Las proyecciones incorporan el comportamiento esperado de la migración internacional a través del saldo migratorio neto. Este componente, históricamente negativo debido a la mayor salida que entrada de población, muestra una tendencia gradual hacia la reducción de su magnitud a lo largo del período proyectado. Como resultado, se estima una convergencia progresiva hacia niveles cercanos al equilibrio migratorio alrededor de 2050.

En cuanto a la composición por sexo, las estimaciones muestran que, de mantenerse las tendencias actuales de mortalidad, la diferencia numérica entre hombres y mujeres se ampliará en las próximas décadas, con una mayor presencia femenina en los grupos de edades más avanzadas.

Una ventana de oportunidad demográfica

Estos resultados confirman que la República Dominicana transita actualmente por una ventana de oportunidad demográfica, caracterizada por la menor relación de dependencia observada en su historia reciente: por cada 100 personas en edad de trabajar, hay 51.7 personas dependientes en 2026, el nivel más bajo del período analizado, frente a 93.4 en 1950. Las proyecciones sitúan esta relación en 53.3 para 2050, antes de remontar hasta 94.1 en 2100, a medida que el envejecimiento eleve nuevamente el peso de la población dependiente. De acuerdo con los resultados presentados, esta ventana de oportunidad demográfica se extendería aproximadamente hasta el año 2065.

Para el país, traducir esta transformación demográfica en políticas públicas implica incorporar la dinámica poblacional como un eje transversal de la planificación económica y social: anticipar las demandas futuras de la población, asignar mejor los recursos públicos, diseñar políticas diferenciadas según la etapa demográfica de cada territorio, fortalecer la resiliencia fiscal y social del país, y construir una agenda centrada en las personas que convierta el cambio demográfico en una oportunidad real de desarrollo.

Como parte de la hoja de ruta institucional, la ONE prevé socializar estos resultados en discusiones focalizadas con actores claves, publicar las tablas de mortalidad derivadas del ejercicio y avanzar, durante 2026 y 2027, en las estimaciones y proyecciones de población subnacional, de población económicamente activa y de hogares, que permitirán afinar aún más la planificación pública a nivel territorial y sectorial.

La presentación de estos resultados reunió a representantes de instituciones públicas, organismos internacionales, academia, centros de investigación y usuarios especializados de información demográfica, interesados en conocer las nuevas Estimaciones y Proyecciones Nacionales de Población elaboradas por la ONE con el acompañamiento técnico de la CEPAL.

La medida beneficia a empresas dominicanas que adquieren software, publicidad digital y servicios en la nube de proveedores extranjeros y no tiene impacto sobre los usuarios particulares

Santo Domingo. – El Ministerio de Hacienda y Economía aclaró que la Ley 30-26 sobre Medidas Procrecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional  reduce de 27 % a 15 % la retención del Impuesto sobre la Renta (ISR) aplicable a determinados pagos realizados por empresas dominicanas a proveedores no residentes por concepto de licencias de software, regalías, derechos de autor, publicidad digital y servicios de almacenamiento en la nube, lo cual representa una reducción de doce puntos porcentuales respecto al régimen anterior.

Con este cambio, se genera un alivio para las empresas locales que utilizan herramientas tecnológicas provistas desde el exterior y se acerca el tratamiento tributario del país a los estándares aplicados en otras economías de la región.

Ante interpretaciones inexactas que han circulado en redes sociales sobre el alcance de la medida, Hacienda y Economía precisó que esta retención aplica exclusivamente en el ámbito de las relaciones comerciales entre empresas dominicanas y proveedores extranjeros. En ese sentido, explicó que son las compañías domiciliadas en el país las que actúan como agentes de retención al momento de realizar pagos al exterior.

“Hasta la aprobación de la Ley 30-26, estos pagos realizados por empresas dominicanas a proveedores no residentes estaban sujetos a una retención de 27 %. La nueva disposición reduce esa tasa a 15 % cuando se trate de regalías, derechos, licencias de software, publicidad digital o servicios de almacenamiento en la nube. Esto representa un alivio para las empresas locales y nos coloca en niveles similares a los de otros países de la región”, explicó la institución.

Es decir, destacó que estas retenciones no tienen nada que ver con los servicios digitales que contratan las personas, por lo que no les afectan.

La institución enfatizó que las suscripciones a plataformas de entretenimiento, aplicaciones móviles, servicios en la nube de uso individual y cualquier otro servicio digital contratado directamente por ciudadanos no están sujetos a esta disposición.

El Ministerio de Hacienda y Economía reafirmó su compromiso de ofrecer información oportuna y precisa sobre el alcance de las medidas tributarias vigentes e invitó a la ciudadanía a consultar sus canales oficiales para conocer los detalles de la Ley 30-26.

Santo Domingo. – El Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) saludó hoy la aprobación en el Congreso Nacional el Proyecto de Ley sobre Medidas Procrecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional que busca mantener la estabilidad y proteger a los sectores vulnerables y medios de la población.

La institución consideró como un importante paso de avance la sanción de la iniciativa que viene a crear espacio fiscal al Estado para responder al actual contexto de crisis producto de los conflictos en Medio Oriente.

Para la aprobación la comisión bicameral conformada para el estudio del proyecto rindió un informe favorable tras ponderar cada una de las propuestas. El proceso se concretizó luego de haber escuchado al ministro Magín Díaz y a ejecutivos de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, quienes fueron convocados en sesiones previas por separado para responder inquietudes de los legisladores.

La iniciativa pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación de acuerdo con los trámites establecidos en la Constitución de la República.

Al ofrecer su valoración sobre la aprobación, la institución reconoció el liderazgo y responsabilidad asumida por los legisladores, especialmente por los presidentes de ambos hemiciclos, Ricardo de los Santos, y Alfredo Pachecho, tras el sometimiento de la propuesta que realizó el pasado viernes 12 el presidente de la República, Luis Abinader. De igual forma, agradeció las propuestas hechas por las diferentes bancadas legislativas en el seno del Congreso Nacional.

El proyecto diseñado por el MHE no modifica el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) -ni su tasa ni su base-, no alterar la mayoría de los impuestos selectivos vigentes sobre combustibles, alcoholes, cigarrillos y telecomunicaciones, y excluye a las micro, pequeñas y medianas empresas de nueva carga tributaria. Por el contrario, elimina el pago de anticipos a microempresas y redefine el que deben pagar las pequeñas empresas, entre otros beneficios.

Además, aumenta en un 15 % el umbral de los salarios exentos de pago de impuestos sobre la renta que pagan los asalariados al pasar de RD$34,685 a RD$39,900, así como un aumento en la deducción de gastos educativos y elimina impuestos anacrónicos.

El ministro de Hacienda y Economía afirmó que el proyecto anticrisis no toca el ITBIS, no afecta a la clase media ni a las mipymes, y busca preservar la estabilidad económica ante el actual contexto internacional.

Santo Domingo. – El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, afirmó este martes que más del 90 % de la recaudación estimada en el Proyecto de Ley sobre Medidas Procrecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional provendrá del 1 % más rico de la población.

Díaz sostuvo que la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional fue diseñada con criterios de equidad, responsabilidad fiscal y protección social, con el objetivo de preservar la estabilidad económica del país sin cargar a los sectores de clase media, a las micro, pequeñas y medianas empresas ni a la población vulnerable.

“El 90 % de la recaudación estimada, que se ubica entre RD$40,000 millones y RD$50,000 millones, provendrá del 1 % más rico de la población”, explicó el funcionario, al señalar que esa composición evidencia que el proyecto no traslada el peso fiscal hacia los sectores medios ni vulnerables.

Durante un encuentro con los legisladores que integran la comisión bicameral que estudia la iniciativa, Díaz explicó en detalle el alcance de las medidas propuestas y ponderó el trabajo técnico realizado para formular una propuesta “razonable y equitativa”.

“Venimos al Congreso con una propuesta seria, bien pensada y factible en el contexto actual. Lo importante es preservar tres principios: estabilidad económica, equidad tributaria y responsabilidad en el uso de los recursos públicos. Ese es nuestro compromiso y pedimos a la sociedad que sea parte, porque la estabilidad económica nos beneficia a todos”, expresó ante los congresistas.

El ministro enfatizó que el proyecto no contempla tocar el ITBIS ni afectar a las mipymes. Indicó que las medidas procuran fortalecer la capacidad del Estado para contener el déficit fiscal, sostener los subsidios y proteger a la población frente a los efectos del actual contexto internacional.

Otro eje central de su intervención fue la transparencia en el uso de los recursos. Díaz adelantó que el Poder Ejecutivo acompañará la propuesta con un mecanismo de rendición de cuentas que permita a la ciudadanía conocer el rendimiento de las medidas, su impacto fiscal y el destino de los fondos recaudados.

“El Poder Ejecutivo acompañará la propuesta con un esquema de rendición de cuentas para que la ciudadanía pueda conocer el rendimiento de las medidas, su impacto fiscal y el destino de los recursos recaudados”, puntualizó.

El encuentro se realizó en la sede del Senado de la República y contó con la participación de senadores y diputados miembros de la comisión bicameral, encabezada por el senador Pedro Catrain. Durante la sesión, el ministro respondió inquietudes de legisladores de partidos de oposición y del oficialismo.

En la reunión también fueron escuchados los planteamientos de ejecutivos de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, quienes expusieron su visión sobre la iniciativa legislativa enviada al Congreso el pasado viernes por el presidente Luis Abinader.

Sobre este punto, Díaz reiteró la disposición al diálogo que, según afirmó, ha acompañado todo el proceso de elaboración del proyecto y que continuará durante la etapa de discusión legislativa.

“El Ministerio de Hacienda y Economía, como órgano técnico responsable del diseño de la propuesta, acompañará el debate legislativo con información clara y datos verificables”, concluyó.

El funcionario dijo que la propuesta de reforma se elaboró para que paguen más quienes tienen más

Santo Domingo. – El viceministro de Economía, Alexis Cruz, destacó que las medidas económicas propuestas por el Gobierno dominicano buscan mitigar los estragos económicos que viene dejando la actual guerra en Medio Oriente.

El viceministro expuso también que, aunque la crisis no fue creada en el país, impacta a economías pequeñas como la dominicana frente a lo que el Gobierno intenta mitigar los efectos en el costo elevado de los combustibles, la canasta familiar y la inflación.

Los planteamientos fueron expuestos por el funcionario al participar en el espacio radial, Tribuna de la Verdad de la Z101, donde reiteró que estas medidas tienen como objetivo proteger a la clase media y a los más vulnerables.

De acuerdo con Cruz, las propuestas impactarán positivamente a los ciudadanos de a pie, ya que no se estarían tocando los impuestos más usados como el ITBIS y se incluye un incremento en el monto a la devolución en gastos estudiantiles, así como el aumento de los salarios libres de impuestos, entre otras.

El viceministro puntualizó que, aunque el Gobierno ha decidido reorientar el gasto, seguirán las inversiones públicas para responder a las necesidades de la población.

“El objetivo es lograr recaudar unos RD$40 a RD$50 mil millones que permitan mantener ciertos subsidios, así como focalizar programas sociales”, explicó.

Tras ser cuestionado sobre la actual deuda pública del país, Cruz resaltó que República Dominicana tiene una deuda sostenible, participa en emisión de bonos, paga menos intereses y cuenta con mercados internacionales interesados en inversión.

Santo Domingo. – Previo a la presentación de las medidas procrecimiento económico y mitigación de la crisis internacional (Plan Anticrisis), el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, sostuvo encuentros con sectores productivos y sociales clave de la sociedad, con quienes compartió los pormenores de la propuesta como parte de la apertura al diálogo de la actual gestión frente a esa institución.

El primero de estos encuentros fue realizado con representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD). En esta reunión fueron presentadas las medidas para fortalecer la estabilidad económica, proteger a las familias y asegurar recursos para el desarrollo del país.

En ese sentido, en el encuentro, celebrado en la Torre Empresarial, se intercambiaron impresiones sobre las iniciativas planteadas, las cuales fueron valoradas por representantes del empresariado dominicano, en un ambiente de construcción de consensos.

Además, el funcionario sostuvo otro productivo encuentro con representantes de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en la sede de Hacienda y Economía, en la que se reconoció que el plan propuesto protege a este sector.

En este escenario, Díaz resaltó que una de las principales medidas de protección para las mipymes es la eliminación del pago de anticipos a las microempresas y redefinición de este para las pequeñas empresas, lo que representa un alivio.

Tras el anuncio formal también se han sumado a las valoraciones positivas de las medidas la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) y la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), así como la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Fenacerd), la Confederación de Comerciantes y Empresarios y Mipymes de la República Dominicana (Conmipymes) y la Asociación Nacional de Productores de Asfalto (ANPRAS), entre otros.

De igual forma, el ministro se reunió con economistas, directores de medios y líderes de opinión, con quienes compartió de primera mano cada una de las iniciativas y respondió las preguntas formuladas.

Estos espacios contribuyen al fortalecimiento de la colaboración entre el Gobierno y el sector privado, así como la sociedad en sentido general para impulsar acciones que favorezcan la estabilidad económica, la inversión y el desarrollo sostenible de la República Dominicana.

Santo Domingo. – El Gobierno dominicano someterá al Congreso Nacional un proyecto de ley con una estrategia de nuevos ingresos que busca captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales como respuesta a las presiones que la crisis internacional impone sobre las finanzas públicas que, además, contiene medidas que vienen a fortalecer a las micro y pequeñas empresas.

Durante una rueda de prensa, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, expuso los alcances de la iniciativa, concebida en cuatro dimensiones: medidas procrecimiento, simplificación tributaria, combate a la evasión y consolidación fiscal.

El plan anticrisis para la sostenibilidad y la protección de la población frente a la crisis global busca fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas, preservar la estabilidad macroeconómica y asegurar los recursos necesarios para sostener la inversión pública, los servicios esenciales y la protección social.

“República Dominicana ha demostrado que puede crecer más que la región. El desafío ahora es proteger lo construido, fortalecer nuestra estabilidad y garantizar oportunidades para las próximas generaciones”, afirmó el funcionario.

El proyecto diseñó su arquitectura de ingresos con una premisa explícita: no modificar el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) -ni su tasa ni su base-, no alterar la mayoría de los impuestos selectivos vigentes sobre combustibles, alcoholes, cigarrillos y telecomunicaciones, y excluir a las micro, pequeñas y medianas empresas nueva carga tributaria.

La principal medida de consolidación fiscal es una sobretasa de tres puntos porcentuales al Impuesto sobre la Renta (ISR) Empresarial, que se elevaría a 30% durante tres años, aplicable exclusivamente a los grandes contribuyentes con ingresos superiores a RD$1,000 millones anuales. Esa franja comprende poco más de 1,000 empresas de un universo de 140,000 que presentaron declaración del ISR en 2025, equivalente a menos del 0.8% del total.

A esa medida se suman el aumento marginal del impuesto a los cheques y transferencias electrónicas de 0.15% a 0.2%; la creación de un Impuesto Selectivo al Consumo para cigarrillos electrónicos y vapeadores; el incremento de la tributación sobre casinos y juegos de azar; y un aumento de diez dólares estadounidenses al impuesto sobre los pasajes aéreos.

En el frente del combate a la evasión, el proyecto habilita la percepción del ITBIS en la Dirección General de Aduanas para importaciones de contribuyentes informales, amplía las retenciones del ISR sobre sectores de difícil fiscalización, introduce mecanismos de trazabilidad fiscal para bebidas alcohólicas, cigarrillos y combustibles, y otorga al Ministerio de Hacienda y Economía poder de veto sobre decisiones de leyes de incentivo, para evitar abusos.

Alivio para clase media y pymes

La iniciativa contempla también disposiciones orientadas a reducir la presión fiscal sobre segmentos de menores ingresos. Para personas físicas, el proyecto ajusta por inflación el mínimo no imponible del ISR personal -que no se actualiza desde hace aproximadamente una década- y eleva el mínimo exento de RD$34,685 a RD$39,900, nivel suficiente para cubrir el costo de la canasta familiar del segundo quintil de ingreso.

Asimismo, incrementa la deducción por gastos educativos del 25% al 30%, y hasta el 50% cuando los gastos beneficien a personas con discapacidad, autismo o trastornos del neurodesarrollo. Estas medidas entrarían en vigor en enero de 2027.

Para las microempresas -que representan el 78% de las empresas que reportaron ISR en 2025 se derogan los anticipos del impuesto. Las empresas pequeñas pasarán a realizar tres pagos al año en lugar de 12. El sector agropecuario quedará exento de anticipos e impuesto a los activos.

Tal como el ministro Díaz había prometido en ocasiones anteriores, el proyecto deroga, además, figuras tributarias anacrónicas: la ley que grava las hipotecas data de 1890; la ley de impuesto a los fósforos, de 1935; y la ley de control de estampillas, de 1966.

Se eliminan también gradualmente los impuestos a la constitución de compañías y al Impuesto Selectivo a los seguros de vida, medidas que el Gobierno califica como obstáculos a la competitividad y a la formalización.

El Gobierno también pone de su parte

El criterio rector, según la presentación del ministro, es «comprimir lo no prioritario, postergar lo no esencial y preservar las funciones críticas del Estado». Explicó que en 2025 el gasto corriente cayó 0.5% del PIB mientras el gasto de capital aumentó, y el gasto en publicidad se encuentra en mínimos históricos, representando el 0.099% del PIB y el 0.52% del gasto total en el período 2021–2025, por debajo del promedio histórico de la década precedente (0.109% y 0.62%, respectivamente).

En ese mismo período, la Ley de Responsabilidad Fiscal fue cumplida de manera holgada en su primer año de aplicación, lo que le permitió al país colocar bonos soberanos a tasas similares a las de México -nación con grado de inversión- e inferiores a las de Colombia, con los márgenes más bajos de la historia para títulos comparables.

Santo Domingo. – Al presentar las medidas procrecimiento económico y mitigación de la crisis internacional (Plan Anticrisis), el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, fue claro en delinear el objetivo de la propuesta cuyo eje principal busca proteger a los sectores vulnerables, la clase media, así como a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y exigir mayor esfuerzo donde existe mayor capacidad contributiva.

En ese sentido, a continuación, te presentamos los planteamientos íntegros realizados por el funcionario al dar a conocer los detalles de las medidas que serán enviadas al Congreso Nacional.

“Un proyecto responsable, gradual y orientado a proteger la estabilidad económica

El Poder Ejecutivo ha decidido someter a la consideración del Congreso Nacional un plan de medidas económicas pro-crecimiento y de mitigación de los efectos de la crisis internacional. Es un plan responsable, gradual y equilibrado con el objetivo de fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas, proteger la estabilidad macroeconómica y crear espacio fiscal para sostener la inversión pública, los servicios esenciales y la protección social.

El proyecto se cuida de no cargar el esfuerzo sobre los sectores más vulnerables ni sobre las micro, pequeñas y medianas empresas.

Al mismo tiempo que protege a las MiPymes, incluye alivios para la clase media y contempla medidas pro-inversión, simplificación tributaria, combate a la evasión y consolidación fiscal.

No estamos modificando el ITBIS general, no estamos tocando los productos de primera necesidad, no estamos modificando las tasas del Impuesto al Patrimonio Inmobiliario —IPI—, pero tampoco se afecta a las MiPymes con aumento del Impuesto sobre la Renta empresarial; no estamos gravando con impuestos adicionales a los intereses ni a los dividendos locales; ni tampoco estamos gravando las plataformas digitales.

El principio que guía esta propuesta es claro: mayor esfuerzo donde existe mayor capacidad contributiva, más facilidades para quienes producen y se formalizan, y más protección para la clase media y los sectores vulnerables.

Proteger la estabilidad, el crecimiento y la equidad

El país mantiene fortalezas económicas importantes, pero enfrenta una restricción fiscal creciente exacerbada por una sucesión de choques externos ininterrumpidos que iniciaron con la pandemia en el 2020 y que incluyen el choque inflacionario internacional de 2021-2022 de los precios internacionales de los alimentos, los insumos agropecuarios y los precios de la energía como el petróleo, gas natural y el carbón, exacerbado luego por la guerra de Rusia-Ucrania.

Para enfrentar el brote de inflación más grande en los países desarrollados en los últimos cuarenta años, los Bancos Centrales a nivel mundial se vieron en la necesidad de hacer aumentos en las tasas de interés a partir del año 2022 con el esperado resultado de una desaceleración en la actividad económica global.

El año pasado ocurrió el cambio de la política comercial de Estados Unidos, el más grande en casi cien años y que marcó para muchos el fin de la era de la globalización comercial. Y este año la guerra en el medio oriente ha constituido, en palabras de la Agencia Internacional de Energía, la disrupción más grande en la historia del mercado petrolero.

El Gobierno ha navegado esta sucesión de choques con éxito, demostrando un manejo diestro de la política monetaria y un manejo prudente de las finanzas públicas que incluso han permitido una reducción de la deuda pública a partir del año 2020. Esto ha sido reconocido por los organismos internacionales y por las calificadoras de riesgo, quienes incluso en esta coyuntura tan retadora han mejorado la calificación del país.

El aumento continuo de la inversión extranjera directa a partir del 2021 es la señal inequívoca de que la comunidad internacional apuesta al país en el largo plazo y da un voto de confianza al manejo macroeconómico y a la madurez de nuestra clase política.

Pero la situación actual exige decisiones responsables para preservar la estabilidad, reducir presiones de endeudamiento y evitar que la población más vulnerable sufra desproporcionadamente por una crisis internacional que no creamos nosotros.

Las medidas que estamos proponiendo nos permitirán seguir moderando los traspasos de los precios internacionales a los precios domésticos de combustibles y alimentos, sin que el déficit fiscal aumente desproporcionadamente. También evitarán ajustes contraproducentes en la tarifa eléctrica.

Es importante destacar que los dominicanos estamos pagando los combustibles a un precio equivalente del barril de petróleo de unos 77 dólares.

A un precio del petróleo de 95 dólares, si queremos eliminar el subsidio, el aumento promedio en los precios de los combustibles en el país debería ser de casi 50 pesos adicionales; y de 60 pesos si el precio del petróleo estuviera en 100 dólares. Esto sería inviable para las familias dominicanas.

La política de subsidios del Gobierno ha permitido contener las presiones inflacionarias. De no ser por esta política la inflación estuviera en la actualidad en el rango de 7%-8%, en lugar del 5% actual.

Mientras otros países de la región han decidido traspasar un porcentaje mucho mayor del choque internacional a los precios domésticos, el Gobierno dominicano ha actuado con prudencia dado los niveles de persistencia e incertidumbre de esta crisis internacional, realizando a la fecha un aumento promedio de un 15% en los precios de los combustibles, frente un promedio de la región de casi un 30%. El principio que nos guía es la responsabilidad fiscal con sensibilidad social, tratando en todo momento de proteger a los grupos más vulnerables de la población.

El Gobierno está haciendo su aporte y sacrificio, manejando las cuentas fiscales con prudencia y responsabilidad. En el 2025 el gasto corriente cayó en 0.5% del PIB (equivalente a unos RD$ 40,000 MM a precios actuales); a la vez que aumentó el gasto de capital.

En los últimos años hemos eliminado y/o fusionado instituciones gubernamentales; y el gasto en publicidad, del que tanto se habla, ha estado en mínimos históricos en términos relativos en este periodo de Gobierno.

Desde que se inició la crisis, el Gobierno ha realizado esfuerzos importantes para ajustar partidas de gasto como publicidad, viajes, viáticos, pasajes y eventos. También hemos reducido el gasto en compras de bienes y servicios; y transferencias corrientes no prioritarias.

Hemos dado prioridad a los gastos indispensables para el manejo del Estado y creado espacio para la reasignación a subsidios esenciales en esta coyuntura. También estamos haciendo esfuerzos para mejorar la focalización de los programas de protección social para que éstos lleguen a quienes realmente lo necesitan.

Por esta combinación de medidas esperamos un ajuste del gasto público de al menos RD$ 35,000 millones durante el año. Pero hacer recortes adicionales impactaría negativamente sobre los sectores más vulnerables al poner en riesgo la calidad de los servicios básicos que provee el Gobierno como educación, salud, seguridad y protección social. Tampoco es razonable hacer una reducción de la inversión pública en esta coyuntura.

Por estas razones estamos proponiendo una estrategia de ingresos con un alcance moderado que procura una recaudación estimada entre RD$40,000 millones y RD$50,000 millones.

La propuesta busca corregir distorsiones del sistema tributario, combatir la evasión y la informalidad, simplificar obligaciones para contribuyentes, apoyar la inversión privada y generar recursos adicionales bajo un compromiso explícito de transparencia y rendición de cuentas.

No estamos diseñando una un plan fiscal para frenar la economía. Al contrario: esta propuesta incluye incentivos concretos para invertir, exportar, formalizar y producir más.

Un sistema tributario moderno no solo debe recaudar. También debe eliminar cargas innecesarias, facilitar la formalización y acompañar la competitividad del país.

Antes de pedirle más a quienes ya cumplen, el Estado tiene que hacer más simple el cumplimiento tributario y cerrar los espacios de evasión, informalidad y privilegios mal utilizados. Esa es una condición básica de credibilidad.

El proyecto incluye medidas específicas para apoyar a la clase media. Este plan corrige distorsiones acumuladas y reconoce que la justicia fiscal también implica proteger al trabajador que cumple.

Combate a la evasión, la informalidad y los abusos

El proyecto dota a la Administración Tributaria de nuevas herramientas para combatir el incumplimiento fiscal, la informalidad y prácticas que erosionan la base tributaria.

La evasión y la informalidad no son gratis. Cuando algunos no cumplen, terminan pagando más los que sí cumplen. Esta reforma busca corregir esa inequidad.

Transparencia y rendición de cuentas

El Poder Ejecutivo acompañará la propuesta con un esquema de rendición de cuentas para que la ciudadanía pueda conocer el rendimiento de las medidas, su impacto fiscal y el destino de los recursos recaudados.

Esta reforma no puede ser un cheque en blanco. Cada peso adicional debe ser explicado, reportado y justificado ante la ciudadanía. La confianza no se exige: se construye con datos, resultados y transparencia.

Esta semana haremos un aumento moderado en los precios de los combustibles, pero con el compromiso de congelar los precios al menos durante tres meses, siempre y cuando el precio promedio del barril del petróleo no exceda los 95 dólares. De igual forma, nos comprometemos a no mover la tarifa eléctrica en esta coyuntura.

Esto lo podremos hacer si contamos con los recursos adicionales que esta propuesta nos va a generar. El Ministerio de Hacienda y Economía, como órgano técnico responsable del diseño de la propuesta, acompañará el debate legislativo con información clara y datos verificables.

Vamos al Congreso con una propuesta seria y bien pensada. Lo importante es preservar tres principios: estabilidad económica, equidad tributaria y responsabilidad en el uso de los recursos públicos. Ese es nuestro compromiso y pedimos a la sociedad que sea parte, porque la estabilidad económica nos beneficia a todos”.

Santo Domingo. – El Ministerio de Hacienda y Economía (MHE), a través de su Centro de Capacitación en Planificación, Inversión Pública y Gestión Fiscal, inició este viernes un ciclo de graduaciones, mediante el cual se investirán 745 servidores públicos de diversas instituciones estatales, tras completar exitosamente programas de formación especializados orientados al fortalecimiento de la gestión financiera gubernamental.

Esto refleja el compromiso del Ministerio con la capacitación continua de los colaboradores en el sector público, que constituye un eje fundamental para elevar la capacidad de respuesta del Estado, mejorar la calidad de los servicios, y avanzar hacia una administración pública más eficiente, moderna y transparente.

Las primeras ceremonias de investidura se realizaron este viernes 12 y las últimas serán desarrolladas el 19 de junio, en el salón de actos Florencio Antonio Lorenzo Silva del centro educativo.

Los graduandos recibieron certificados correspondientes a los diplomados en Hacienda e Inversión Pública, Compras y Contrataciones Públicas Orientado a Resultados, Planificación y Gestión de Proyectos de Inversión Pública del Estado, y Contabilidad Gubernamental, así como de las especializaciones técnicas en Control Interno, Presupuesto Público, y Tesorería.

Estos actos cuentan con la participación de los viceministros Derby De Los Santos, del Tesoro y Patrimonio; Alexis Cruz, de Economía; y Mónica Peña, directora del centro de capacitación.

«En el entorno global que vivimos, dinámico y lleno de desafíos, contar con servidores públicos altamente capacitados no es una opción, es una necesidad. Los cambios que ocurren a nivel mundial impactan directamente las decisiones financieras, de planificación e inversión pública del Estado, y es precisamente por eso que seguiremos impulsando la profesionalización de nuestros servidores cada día con más compromiso. Estas graduaciones son una muestra de que el MHE entiende que la mejor inversión que puede hacer un país es en el capital humano que gestiona sus recursos», expresó Mónica Peña, directora del centro.

Las acciones formativas, impulsadas por el órgano rector de la capacitación hacendaria, política fiscal y economía, ratifican el compromiso del MHE con la excelencia en la gestión pública, promoviendo el fortalecimiento de las capacidades y competencias técnicas del capital humano, fomentando una cultura institucional basada en la mejora continua, que contribuya al desarrollo y modernización del Estado para responder a los desafíos que enfrenta el país.

Santo Domingo. – El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, acompañado de la viceministra de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Economía (MHE), María José Martínez; sostuvo la reunión de cierre del ‘Staff Visit’ del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezada por Ricardo Llaudes.

Durante la misión el equipo del FMI recabó datos preliminares del sector público y privado sobre la economía dominicana, proyectando que la economía dominicana cerraría el año 2026 con un crecimiento en torno al 4 % y una inflación dentro del rango meta 4 % +/- 1 %.

Durante el encuentro de cierre realizado en el BCRD, Ricardo Llaudes, resaltó que, en sus visitas a representantes del sector privado dominicano, recogieron “la confianza de que la resiliencia y los robustos fundamentos macroeconómicos de los que dispone el país permiten navegar con éxito en el mar de incertidumbres creado por la persistencia del conflicto en Medio Oriente”.

Asimismo, afirmó que, en la perspectiva empresarial, “el crecimiento en 2026 de la economía dominicana será de los más altos en Latinoamérica, impulsado por una base exportadora cada vez más amplia y de mayor valor añadido, lo cual da confianza a los inversores internacionales”.

Llaudes destacó que “las políticas decisivas y oportunas implementadas por el Banco Central, tanto el año pasado como éste, y los esfuerzos del Ministerio de Hacienda por incrementar la inversión de capital dentro de un marco prudente, se reconocen como contribuciones del sector público para el buen crecimiento de la economía dominicana en lo que llevamos de año”.

El jefe del equipo del FMI agregó que “a pesar de la coyuntura global, se siguen viendo flujos de ingresos muy elevados, con altos niveles de exportaciones, turismo e inversión extranjera directa (IED). Esto ayudará a que el déficit de la cuenta corriente se mantenga ligeramente por encima de 1.5 %”.

Llaudes se refirió también al sector financiero, afirmando que “se mantiene resiliente con niveles elevados de capitalización y rentabilidad. Por otra parte, esta delegación ve fundamental continuar con políticas fiscales prudentes, ancladas por el cumplimiento de la regla fiscal y la protección del gasto de capital”.

Valdez Albizu manifestó que el BCRD se mantiene en constante vigilancia del impacto de los choques externos, y señaló la estrecha colaboración que siempre se ha mantenido con el FMI.

El gobernador destacó la resiliencia de la economía dominicana ante los choques externos y coincidió con el jefe de misión que la economía podría alcanzar un crecimiento en torno al 4 % este año.

En la reunión, Valdez Albizu estuvo acompañado por el gerente, Ervin Novas Bello; el subgerente general, Frank Montaño; el subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera, Joel Tejeda; la subgerente de Operaciones, Liselotte Reyes; el representante dominicano ante el FMI, Frank Fuentes; el asesor económico de la Gobernación, Julio Andújar Scheker; el subgerente del departamento de Programación Monetaria y Estudios Económicos, Joel González; el subgerente de Regulación y Estabilidad Financiera, Máximo Rodríguez; el subgerente de Cuentas Nacionales, Ramón González; la subgerente del departamento Internacional, Brenda Villanueva; el director del departamento de Regulación y Estabilidad Financiera, Carlos Delgado; la directora del departamento de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas, Elina Rosario; y el director de Tesorería, José Perdomo.

Por el FMI además del señor Llaudes, la delegación estuvo compuesta por los economistas senior Nathaniel Arnold y Rasool Zandvakil, y del economista Ilya Stepanov.

Por Hacienda y Economía participó también la viceministra de Política Fiscal, Camila Hernández Villamán.

Fuente: Banco Central de la República Dominicana.