El ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, encabezó hoy el lanzamiento del Manual Estandarizado de Procesos de Pago en la Administración Pública y el Manual de Administración Financiera del Estado, dos publicaciones de gran relevancia para el quehacer de las finanzas públicas y su actualización normativa, funcional y tecnológica.

El acto de lanzamiento contó con la presencia de los viceministros y directores generales del órgano rector de las finanzas públicas.

El Manual Estandarizado de Procesos de Pago en la Administración Pública constituye un nuevo modelo de procesos de gestión financiera válido para todos los órganos de la Administración Central del Poder Ejecutivo y las instituciones autónomas y descentralizadas no empresariales y no financieras.

Está conformado por siete tipos de procesos: Compras y Contrataciones; Registro y Trámite de Pago de Remuneraciones y Contribuciones; Registro y Trámite de Pago de Servicios Básicos; Pago del Servicio de la Deuda; Pago de Transferencias Corrientes y de Capital; Pago de Tesorería y el Manual de Administración para Unidades Ejecutoras de Proyectos de Financiamiento Externo (UEPEX).

Manuales de Gestión Financiera del Estado.

Al presentar el Manual Estandarizado de Procesos de Pago en la Administración Pública, Tomasina Tolentino, directora de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Hacienda, afirmó que la puesta en práctica de este documento permite evolucionar de un enfoque de registro de transacciones presupuestarias-financieras a un sistema que integra los aspectos normativos, funcionales y tecnológicos de la gestión financiera.

“La aplicación del Manual Estandarizado permitirá disponer de un único modelo de ejecución de gastos; reducir el tiempo en el pago y mayor eficiencia de los procesos, que ahora serán más simplificados”, explicó Tolentino.

Informó que el diseño del manual estuvo a cargo de la empresa LINPICO, con sede en el sur de Francia, contratada con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El equipo del proyecto estuvo conformado por especialistas en administración financiera pública, procesos, tecnología y derecho administrativo público, acompañados de técnicos del Ministerio de Hacienda y sus dependencias, así como de ministerios e instituciones que fueron seleccionadas para el programa piloto.

Durante la actividad, se presentó además el Manual de Administración Financiera del Estado, una guía para el conocimiento del quehacer fiscal que reúne conceptualizaciones teóricas, dogmáticas y prácticas, redactada por funcionarios del Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal, así como por otros profesionales de alto nivel, nacionales y extranjeros.

Autores y colaboradores de los Manuales de Gestión Financiera del Estado.

El doctor Ricardo Gutiérrez, consultor y responsable de la obra, afirmó que el Manual está llamado a cumplir tres propósitos: ser un documento de consulta y orientación general para quienes dirigen a niveles de mandos medios en la administración financiera del Estado; un texto con una visión integral para los que se dedican a la capacitación y un texto operativo sobre cómo funciona la administración financiera del Estado, en el marco de la administración pública, para los cursos formales de grado, postgrados y maestrías universitarias.

“Les aseguro que en nuestra Latinoamérica no existe un texto sobre la administración financiera del Estado de esta envergadura, por la amplitud y calidad de sus contenidos”, aseguró el experto, durante el acto que se llevó a cabo en el Atrio Central del Ministerio de Hacienda.

Agregó que República Dominicana cuenta con un marco legal, reformas ya concretadas y rumbos definidos que la colocan a la vanguardia internacional en materia de administración financiera del Estado.

Durante la actividad, también tomaron la palabra: Mariano Escoto Saba, director general del Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal y Zuniel De la Cruz, encargada del Departamento de Consolidación de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

La Asociación de Industrias de la República Dominicana reconoció hoy al ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, por sus aportes al sector industrial, sostener una política de puertas abiertas, su capacidad de impulsar consensos y de establecer medidas a favor de la defensa de la industria dominicana.

Celso Juan Marranzini, presidente; Circe Almánzar, vicepresidenta ejecutiva y Ligia Bonetti, pasada presidenta, visitaron el órgano rector de las finanzas públicas para hacer entrega formal de la distinción al ministro.

El presidente de la AIRD, Celso Juan Marranzini, valoró la gestión de Guerrero Ortiz, así como su apoyo para que la Ley de Proindustria fuese presentada en el Congreso Nacional y afirmó que “su bandera ha sido el diálogo permanente con todos los sectores, con transparencia y sinceridad”.

“La AIRD puede decirle, señor ministro, que puede irse con la frente en alto. Hay retos pendientes, pero hemos avanzado”, expresó Marranzini, durante el encuentro en el que Guerrero Ortiz estuvo acompañado de altos funcionarios de la institución.

La agrupación industrial también reconoció el trabajo desarrollado por los directores generales de dos dependencias del órgano rector de las finanzas públicas, Magín Díaz, de la Dirección General de Impuestos Internos y Enrique Ramírez, de la Dirección General de Aduanas.

La AIRD aquilató el empeño del director de Impuestos Internos en fortalecer las recaudaciones fiscales, y reconoció el esfuerzo de Enrique Ramírez por sembrar una cultura de cero tolerancia al comercio desleal.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

Los resultados concretos, medibles y perdurables en el tiempo de las dependencias del Ministerio de Hacienda se visualizan con mayor claridad a medida que llegan buenas noticias al ámbito de las finanzas públicas.

Una de ellas es la certificación de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) con la Norma ISO 9001-2015 para la emisión y actualización de normativas contables, conforme a los requerimientos internacionales.

Expedida por la empresa multinacional AENOR, la certificación garantiza que la DIGECOG dispone de un sistema de gestión de la calidad para elaboración del Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas y la asistencia técnica, normativa y capacitación en materia del Sistema de Contabilidad Gubernamental.

Además, constituye un aval de que la elaboración y análisis de informes de la producción económica y de los estados financieros del sector público se realizan en conformidad a la Norma ISO 9001-2015, la herramienta de gestión de la calidad más extendida en el mundo.

Rufino Acosta, director general de la DGCG, expresó su alegría y satisfacción por haber obtenido la certificación, luego de un trabajo sostenido de casi un año.

Celebró la buena noticia, ofreciendo otra información de impacto: la culminación del Primer Diplomado en Contabilidad Gubernamental, dirigido a docentes universitarios, que fue organizado por el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI); el Instituto de Contadores Públicos Autorizados (ICPARD) y DIGECOG, con los auspicios del Ministerio de Hacienda.

La capacitación se realizó con la finalidad de mejorar la formación profesional de los egresados de la carrera de contabilidad de las universidades y contribuir con el fortalecimiento de la profesión contable.

El objetivo es unificar el programa de contabilidad gubernamental de las universidades y centros educativos a los fines de alinearlo a la práctica contable que se lleva a cabo en las instituciones del Estado, dejando atrás la enseñanza histórica de conceptos fundamentados en la ejecución presupuestaria.

En la capacitación participaron 29 profesores, pertenecientes a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), UTESA, UTESUR, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Instituto Tecnológico de Santo Domingo INTEC, APEC, Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), INCE, UNICARIBE y la Universidad Católica Nordestana.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES 

El Ministerio de Hacienda informó hoy que los pagos de los beneficiarios del programa Quédate en Casa y del Fondo de Asistencia al Empleado (FASE) correspondientes a la segunda quincena del presente mes se producirán a partir del próximo viernes 24 de julio.

La institución decidió acreditar las cuentas de los afiliados a los programas sociales unos días después de la fecha establecida (el 21 de cada mes), a fin de disminuir la concentración de personas en las entidades de intermediación financiera y establecimientos comerciales del país.

En sintonía con la necesidad de ser extremadamente cautelosos en momentos en que la pandemia del coronavirus ha llegado a uno de sus picos más altos, el órgano rector de las finanzas públicas tomó la decisión con la finalidad de salvaguardar la vida y salud de la población.

Mediante el Decreto 265-20, el Gobierno declaró el territorio nacional nuevamente en estado de emergencia, previa aprobación del Congreso Nacional, ante la reciente evolución epidemiológica del COVID-19, estableciendo un toque de queda diferenciado, con horario de lunes a viernes de 7:00 p.m. a 5:00 a.m. y los sábados y domingos de 5:00 p.m. a 5:00 a.m, para las provincias con mayor cantidad de habitantes y el Distrito Nacional.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

Con la finalidad de establecer las medidas a ser aplicadas en la institución para prevenir el contagio del coronavirus, el Ministerio de Hacienda puso en ejecución un protocolo de integración laboral para salvaguardar la salud, seguridad y bienestar de sus colaboradores, así como de los ciudadanos que, en sentido general, se dispongan a visitar la institución.

La normativa contiene acciones para garantizar de manera efectiva la prevención de contagio o posible exposición a la enfermedad que causa el Covid-19, en el lugar de trabajo, acorde con las medidas diseñadas por la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud Pública.

Entre las medidas que establece el protocolo se destaca la obligatoriedad de la toma de la temperatura para el ingreso a las instalaciones del Ministerio de Hacienda; la colocación de desinfectantes en lugares visibles de pasillos y oficinas; la disponibilidad de mascarillas para uso de los colaboradores del ministerio y la realización de una campaña de sensibilización para motivar la solidaridad del personal con quienes den positivo al Covid-19.

Para garantizar la higiene y prevención dentro de la institución, se proveen guantes al personal que lo requiera, como choferes y mensajeros, al igual que materiales y medicinas al Dispensario Médico. En cada área organizativa se ha colocado una estación con alcohol, antibacterial en gel y en espray, así como papel toalla para limpieza de los escritorios, teclados y teléfonos.

El protocolo garantiza el abastecimiento y acondicionamiento de las áreas mediante un riguroso plan de limpieza por parte del personal del Departamento de Mayordomía. Este plan incluye medidas para reforzar la higienización y desinfección de todas las áreas: baños, pasillos, áreas de trabajo, escaleras, pasamanos, puertas, casilleros, entre otras.

Además, el área de recepción de mercancías se habilitará para que se cumpla con la distancia de seguridad de un metro, mínimo, reorganizando las estaciones de trabajo con un mínimo de dos metros de distancia.

El protocolo establece que mientras exista personal con asignación de trabajo remoto, los líderes de equipo realizarán reuniones virtuales semanales para fomentar y afianzar la cercanía de los grupos de trabajo.

El Ministerio de Hacienda informó que los pagos del Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE) correspondientes a la primera quincena del presente mes comenzarán a producirse a partir de este lunes 13 de julio.

La institución precisó que se acreditarán las cuentas de 858, 101 empleados del sector privado, que laboran para 50,720 empresas y reciben la asistencia de FASE 1 y FASE 2.

El monto total a pagar será de RD$2,754,900,217.88.

La institución explicó que el retraso en el desembolso de los fondos se debió a una serie de ajustes en el sistema que regula los procesos internos del programa de asistencia, ya que FASE fue diseñado para durar solo dos meses y recientemente, por disposición del presidente Danilo Medina, fue extendido hasta el mes de agosto.

El objetivo de FASE es mitigar el impacto económico negativo generado por las medidas de distanciamiento social y cierre de establecimientos comerciales que se han dispuesto para frenar la propagación del COVID-19.

Desde el momento de su creación, FASE ha beneficiado a 905,857 empleados del sector privado, que laboran para 51,572 empresas. El monto total desembolsado hasta ahora asciende a RD$20,162,554,518.39.

El Gobierno dominicano recibió 21,504 unidades de extracción ExiPrepTM96 Viral DNA/RNA y un equipo de extracción automatizada para realizar pruebas de detección del COVID-19.

La donación, hecha por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), fue coordinada por el ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, en su calidad de Gobernador ante el BCIE por la República Dominicana y el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez.

El aporte será entregado para su distribución y futura aplicación a la entidad gubernamental Programa de Medicamentos Esenciales Central de Apoyo Logístico (PROMESE/CAL), en adición a las 26 mil pruebas para la detección del COVID-19 aportadas anteriormente por el BCIE.

En comunicación oficial recibida del BCIE, el Dr. Dante Mossi, Presidente Ejecutivo del Banco manifestó “esperamos esta cooperación sea de mucha ayuda para la República Dominicana y sus ciudadanos en la atención de la pandemia que actualmente enfrentamos”.

El viceministro de Cooperación Internacional y Ordenador Nacional de los Fondos Europeos para el Desarrollo, Marcel Mejía Taveras, recibió la segunda donación del BCIE en representación del ministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, en su calidad de coordinador de las donaciones nacionales e internacionales por parte del Gobierno dominicano para el COVID-19.

En el acto de entrega también participaron la directora de Cooperación Regional, Pamela Polanco Jorge, y la directora Administrativa y Financiera, Rita Polanco, ambas del MEPyD.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

Junto a otras cinco instituciones que desarrollan trabajos de alto impacto para el bienestar de la población dominicana, el Ministerio de Hacienda forma parte del Comité Interinstitucional del Fondo de Cohesión Territorial, una iniciativa que canalizará inversiones en los municipios y distritos municipales que tienen mayores niveles de pobreza.

Creado a través del Decreto 249-19, emitido por el presidente Danilo Medina, el Comité Interinstitucional estará a cargo de la gestión operativa del Fondo de Cohesión Territorial, cuya finalidad es desarrollar proyectos conjuntos entre el Gobierno central y los gobiernos locales para cerrar brechas y disparidades territoriales.

El comité estará presidido por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo e integrado por los ministerios de la Presidencia, de Hacienda y de Administración Pública. También forman parte de la entidad gestora: la Liga Municipal Dominicana, la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) y la Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM).

Para este primer año, 22 gobiernos locales serán beneficiados con partidas específicas de inversión dedicadas a los renglones de agua, saneamiento, pisos o mejoramiento de viviendas, desarrollo productivo y obras de recreación, entre otras.

En el lanzamiento del Fondo de Cohesión Territorial participó el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, junto a los representantes de las instituciones que conforman el Comité Interinstitucional.

En la provincia de Azua: Las Lagunas, Los Fríos y Peralta; en Barahona, Polo; en Bahoruco, Cabeza de Toro y Los Ríos, y en Elías Piña: Hondo Valle, Juan Santiago, Pedro Santana, Río Limpio, Sabana Cruz, Sabana Higüero y Sabana Larga.

En la provincia Independencia, Cristóbal; en Pedernales, José Francisco Peña Gómez y en la provincia de San Juan: Batista, Guanito, La Jagua y la Zanjas. También en el noroeste del país, en la provincia Valverde, el distrito municipal de Paradero será beneficiado con los proyectos, y en Hato Mayor: Mata Palacio.

Las obras que se llevarán a cabo van desde pozos tubulares hasta la reconstrucción de acueductos, proyectos relacionados con el sector salud, mejoras en las condiciones de viviendas, fábricas de café, canales de riego, iglesias, funerarias, aceras y contenes.

Los objetivos fundamentales del Fondo de Cohesión Territorial son: promover el desarrollo económico, inclusivo y sostenible, reducir las diferencias de desarrollo territorial y mejorar la calidad de la inversión pública. Por eso, los munícipes no solo son parte importante de esta iniciativa, sino que desempeñaron un rol fundamental en la selección de los proyectos de inversión pública para sus comunidades.

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El Poder Ejecutivo promulgó ayer la Ley núm. 68-20 de reformulación presupuestaria, que modifica la Ley 506-19 que aprueba el Presupuesto General del Estado para el año 2020, de fecha 20 de diciembre de 2019.

Con un monto que asciende a RD$1,070,312 millones el nuevo total de erogaciones es el resultado de los efectos adversos que ha tenido la pandemia del coronavirus en la economía dominicana.

“La contracción en las economías de los principales socios comerciales del país y las medidas internas adoptadas para preservar la salud de la población han afectado de manera severa las recaudaciones gubernamentales, situación que se prevé continuará durante lo que resta del presente año”, explica la pieza legislativa en sus motivaciones.

Del nuevo presupuesto, RD$906,702 millones están destinados a gastos corrientes y de capital, mientras que los RD$163,609 millones restantes serán dirigidos a aplicaciones financieras.

La reformulación presupuestaria contempla, además, una nueva estimación de los ingresos del Gobierno, ahora por un monto de RD$673,107 millones.

Asimismo, un incremento de las apropiaciones presupuestarias de gastos y aplicaciones financieras por un monto de RD$44,370 millones que se destinarán a la Presidencia de la República y a los ministerios de Interior y Policía, Defensa, Educación, Salud Pública, Agricultura, Obras Públicas y Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La Ley núm. 68-20 autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a incrementar las fuentes financieras en la Ley General de Presupuesto del Estado del año 2020 por un monto de hasta RD$150,908 millones.

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