El Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Aduanas (DGA) y el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD) firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional para agilizar y lograr una mayor transparencia de los trámites de comercio exterior en los puntos fronterizos, puertos y aeropuertos del país.

El convenio incorpora cambios en la administración tributaria que beneficiarán tanto al productor y exportador como al Estado dominicano, al tiempo que asegura y facilita el comercio exterior conforme a las directrices de la Organización Mundial de Aduanas.

Mediante el acuerdo, la DGA se compromete a colaborar con el CEI-RD en la venta, administración y validación del Formulario de Declaración Única (DUA); los Formularios de Certificados de Origen y en el proceso administrativo para la Cancelación de Fianzas o Cartas Garantías para la Ampliación de Materias Primas en el Régimen de Admisión Temporal para el Perfeccionamiento de Activo.

El convenio establece que la DGA asumirá la venta y administración de las licencias de exportación de desperdicios de metales ferrosos y no ferrosos, chatarras, desechos de cobre, aluminio y sus aleaciones.

Asimismo, indica que la DGA y el CEI-RD trabajarán de manera conjunta en la captura de datos primarios y compilación de Estadísticas relativas a las exportaciones nacionales y al comercio exterior, en general, de la República Dominicana.

El Ministerio de Hacienda velará por el fiel cumplimiento del acuerdo de cooperación interinstitucional, y será el garante y custodia de su cumplimiento, tanto en las obligaciones de carácter económico, como aquellas de tipo procedimental.

La DGA asumirá la administración y cobro del servicio mediante el cual se califica a los interesados en acogerse al Régimen de Admisión Temporal para el Perfeccionamiento Activo, manteniendo el CEI-RD la facultad de opinar y autorizar la resolución final.

La DGA se compromete a depositar diariamente en la Tesorería Nacional a favor del CEI-RD, la totalidad de los montos recaudados por concepto de la venta del formulario de Declaración Única Aduanera (DUA). Las partes elaborarán y ejecutarán un cronograma de trabajo a fin de garantizar la plena ejecución del acuerdo, sobre todo en lo que respecta a la transferencia paulatina de los servicios.

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El enviado comercial de la Primera Ministra del Reino Unido, Simon Hart MP, visitó la República Dominicana los días 10 y 11 de abril para fortalecer las relaciones comerciales entre el Reino Unido y la República Dominicana.

Tras sostener una audiencia con el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, Hart MP se reunió con el ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, con quien conversó sobre diferentes temas de la agenda bilateral. El funcionario británico también sostuvo encuentros con otros importantes representantes del sector público y privado en el país.

República Dominicana es el principal socio comercial de Reino Unido en la región. En el 2017, Reino Unido exportó más de 140 millones de dólares a la República Dominicana donde el principal producto exportado fue el Whisky Escocés. En efecto, 17 botellas de whisky son exportadas a la República Dominicana cada minuto.

Por su lado, República Dominicana exportó al Reino Unido 234 millones en 2016, cayendo a 180 millones de dólares en 2017 por efecto de los desastres naturales que devastaron las plantaciones de bananos y otros productos exportados al Reino Unido.

Ambos países tienen un marcado interés en aumentar el comercio y la inversión, motivo por el cual la Primera Ministra británica, Theresa May, designó al Sr. Hart para mejor coordinar los esfuerzos entre las instituciones competentes de su gobierno y así mejor estrechar los lazos entre ambas naciones.

Ambos países han suscrito ya dos Memorando de Entendimiento sobre temas comerciales. El primero fue suscrito en Londres en junio de 2012 por los Ministros de Exteriores de ambos países para maximizar las oportunidades derivadas del Acuerdo de Asociación Económica (EPA) entre los países del Caribe y los de la Unión Europea.

El segundo Memorando, suscrito en abril de 2017 entre la Embajada Británica en el país y el Ministerio de Hacienda, asigna a la República Dominicana 750 millones de libras esterlinas (aproximadamente 1,072 millones de dólares) en créditos de exportación destinados al financiamiento de obras de infraestructura utilizando bienes y servicios con un mínimo de 20% de origen británico.

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El ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, valoró de manera positiva la penetración, profundización y diversificación que ha experimentado el sector seguros en los últimos años, tras considerar que ayuda a mitigar riesgos inherentes a la ubicación geográfica de la República Dominicana y a su condición de isla.

Al pronunciar una conferencia en el acto inaugural de la XIX Conferencia sobre Regulación y Supervisión de Seguros, de la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina (ASSAL), planteó que las autoridades están muy conscientes acerca de la capital importancia que desempeña el sector asegurador y reasegurador para el desarrollo del país.

Un perfil preliminar de riesgos asociados a huracanes y terremotos que elaboró la Dirección General de Análisis y Política Fiscal, en colaboración con el Banco Mundial, lo pone de manifiesto.

“Tomando en consideración los posibles fenómenos naturales que nos podrían afectar en el futuro, el costo promedio de esas pérdidas para la República Dominicana sería de 0.9% del Producto Interno Bruto por año. Una cifra nada despreciable: US$642 millones”, enfatizó Guerrero Ortiz.

Sostuvo que en el informe, las pérdidas anuales promedio asociadas con vientos huracanados podrían ser de 0.48% del producto interno bruto, lo que equivale a unos US$345 millones; mientras que las pérdidas anuales promedio asociadas con los terremotos podrían ser de 0.41% del PIB o unos US$297 millones.

El funcionario manifestó que adicionalmente se analizó el nivel de vulnerabilidad de las provincias del país ante los desastres naturales, lo que evidenció que Santiago, San Cristóbal, Santo Domingo y el Distrito Nacional son las localidades con mayor concentración de bienes expuestos a desastres naturales.

​​En este contexto, declaró que el sector asegurador tiene amplio espacio para mantener la senda de crecimiento que ha tenido, dando cobertura y asistencia a tiempo a los dominicanos y sus empresas ante situaciones imprevistas.

Durante la conferencia, el ministro de Hacienda afirmó que el compromiso del gobierno del presidente Danilo Medina es llevar a cabo una política fiscal que estimule un alto ritmo de crecimiento económico pues esta condición es necesaria para alcanzar los objetivos básicos de superación de la pobreza, la inclusión social y la mejora en la calidad de vida para todos los dominicanos, manteniendo las cuentas públicas en orden para no ejercer presiones sobre el sector real, financiero o externo.

Aseguró que la República Dominicana, “seguirá combinando alto crecimiento económico con inclusión social, teniendo al sector de seguros y reaseguros como parte de ese crecimiento”.

¨Sabemos de la urgente necesidad de modificar la Ley 146-02 de Seguros y Fianzas, para adecuarla a los tiempos y promover a traves de una legislacion moderna mayores oportunidades de crecimiento y beneficios para los asegurados y para el pa​í​s, por lo que apoyamos el proyecto de ley que se ha venido trabajando en esta dirección y esperamos que el mismo sea presentado a la Presidencia de la Rep​ú​blica para su posterior envio al Congreso a la mayor brevedad¨.

Indicó que las primas netas cobradas del sector pasaron de US$874 millones en 2016 a US$1,024 millones en 2017 para un crecimiento equivalente a un 21%, superior en 13 puntos porcentuales al crecimiento de la economía dominicana en el año 2017.

​​En ese sentido, precisó que las primas cobradas pasaron de representar 1.24% del PIB en 2016 a 1.37% del PIB en 2017, lo que representa una reversión notable de la tendencia observada en años anteriores. Señaló que ese resultado se debe, además, a que las primas netas cobradas per cápita aumentaron de US$86.6 por persona en 2016 a US$99.9 por persona en 2017, para un aumento equivalente a un 19%.

Ese notable crecimiento, afirmó Guerrero Ortiz, es “una buena noticia”, ya que “implica que el sector privado, junto al seguro público subsidiado están asegurando a más dominicanos en planes de salud y dándoles una mejor cobertura”.

Sostuvo que la cobertura del seguro familiar de salud alcanzó al 64% de la población en el año 2016 y posibilitó que todos los hogares en condición de pobreza en la base del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) estén integrados al Régimen Subsidiado de SENASA.

Citó que de 35,706 dominicanos que había en el Régimen Subsidiado en el año 2007, hoy se benefician 3,400,000 dominicanos de escasos recursos que tienen un servicio de salud digno; mientras el país ha pasado de tener a 739,000 ciudadanos en el Régimen Contributivo en el año 2007 a 3,900,000 al cierre de 2017.

“Esas cifras muestran claramente cómo el desarrollo con inclusión va llegando a todos lados”, enfatizó Guerrero Ortiz, tras indicar que se ha logrado incorporar a los beneficios del seguro de salud a los miembros de la Policía Nacional y la Armada Dominicana, así como a sus familiares.

El funcionario planteó que el progreso evidenciado por los indicadores sociales en salud y educación desmiente el postulado de que el Estado gasta mal, así como el esfuerzo desarrollado para mejorar la infraestructura vial y la inversión que se está haciendo en la construcción de Punta Catalina.

¨La política de gastos en la administracion del Presidente Danilo Medina persigue racionalidad, inclusión social y efectividad en el uso de los recursos¨, recalcó el ministro de Hacienda.

El sector seguros en la región

Al referirse a la penetración del sector seguros en la región, Guerrero Ortiz señaló que ha crecido ligeramente ya que la proporción de las primas directas cobradas con respecto al producto interno bruto promedio de América Latina se incrementó de 2.2% del PIB en 2015 a 2.4% del PIB en 2016.

“Esto es el resultado, en parte, de un incremento de 4% en las primas directas per cápita promedio en la región, que totalizan US$177.5 millones por persona al cierre de 2016 frente a los US$171.4 por persona observado en 2015”, dijo.

De igual forma, señaló que el sector asegurador latinoamericano ha aumentado sus activos en US$8,000 millones, al pasar de US$426,720 millones en 2015 a US$434,700 millones en 2016, al tiempo de destacar que también ha experimentado una mayor diversificación de las carteras (de vida, vehículos y daños).

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El gobierno dominicano suscribió hoy un contrato de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por un monto de US$249.6 millones para ejecutar la Fase III del Proyecto Múltiple de la Presa de Monte Grande.

El convenio fue firmado por el ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, en representación del Estado dominicano, y Alejandro Rodríguez Zamora, vicepresidente ejecutivo del BCIE, entidad que promueve la integración y el desarrollo económico y social equilibrado de la región centroamericana.

El préstamo facilitará los recursos financieros para finalizar la construcción de la presa de Monte Grande en la provincia de Barahona, con múltiples beneficios para la población vulnerable residente en la región Enriquillo, que ha reclamado por décadas la disponibilidad de agua potable para el riego de las tierras que habitan a fin de poder incorporarse a una vida plenamente productiva.

El Proyecto Múltiple de la Presa Monte Grande “Fase III” garantizará la irrigación de 400 mil nuevas tareas de tierra y mejorará la producción agrícola de otras 305 mil tareas a través del riego por goteo y tubería.

Monte Grande está destinada a aumentar el acceso al agua potable, controlar las inundaciones, así como preparar las condiciones para la generación de energía eléctrica, el desarrollo de la producción acuícola, el incentivo al deporte acuático y el fomento del turismo.

Asimismo, la obra contempla generar más de 2,500 empleos directos durante el proceso de construcción de la presa; 12,500 nuevos empleos permanentes en la actividad agrícola en las zonas bajo riego y posibilitará la creación de más de 1,500 empleos indirectos en actividades no agrícolas. El proyecto será ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDHRI) en un plazo de 36 meses.

Aunque el Congreso Nacional había aprobado mediante la Resolución No. 135-13, de fecha 16 de septiembre del 2013, un financiamiento para este proyecto firmado con el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social (BNDES) en julio de 2013, el préstamo no fue declarado en efectividad por el banco.

No obstante, debido a la relevancia que tiene la obra de infraestructura y el amplio apoyo de la población dominicana para ejecutarla, a finales del año 2016 el presidente Danilo Medina ordenó la identificación de una nueva fuente de financiamiento.

La tasa de interés será Libor 6 meses más un margen fijo de 2.20%. La comisión de compromiso es de 0.25% del monto pendiente por desembolsar, pagadera cada seis meses. Adicionalmente, se acordó una comisión de administración y seguimiento de 0.25% del monto contratado, y una comisión de estructuración de 0.75% del monto contratado, ambas pagaderas una única vez luego de la entrada en efectividad del Contrato. El plazo de repago es de 13 años.

En general, las condiciones financieras acordadas con el BCIE resultaron ser más favorable que las previamente acordadas con el BNDES, debido principalmente al desempeño macroeconómico y fiscal de la República Dominicana.

Durante la firma del convenio también estuvieron presentes: Olgo Fernández, director del INDHRI y los senadores: Eddy Fernando Mateo, de Barahona y Manuel Antonio Paula, de Bahoruco, así como la directora por República Dominicana del BCIE, Clara Quiñones y Rodrigo Vargas, director general de Andrade Gutierrez en República Dominicana.

El Poder Ejecutivo enviará el contrato de préstamo al Congreso Nacional para su revisión y aprobación, conforme a la legislación dominicana aplicable.

Desde el año 2010, el BCIE ha hecho notables contribuciones con el fortalecimiento del desarrollo social, la competitividad y la integración regional de la República Dominicana. En el período 2010-2014, el organismo multilateral aprobó operaciones por US$230.2 millones, recursos que permitieron aumentar la capacidad de generación de energía renovable y el mejoramiento de las vías de transporte, facilitando la conectividad de las actividades comerciales y turísticas.

A partir del 2015 hasta el 2019, la propuesta de apoyo del BCIE ha estado enfocada en intervenciones que contribuyan a la sostenibilidad del crecimiento económico y al fortalecimiento de los aspectos de inclusión social, con sostenibilidad ambiental.

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El Ministerio de Hacienda, en su calidad de presidente del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, impartió el taller “Marco Legal y Regulatorio en la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en República Dominicana”, dirigido a editores y periodistas económicos de los diferentes medios de comunicación del país.

La capacitación, que se llevó a cabo con los auspicios del Centro de Capacitación en Política Fiscal (CAPGEFI) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), incluyó el análisis de la Ley 155-17, los reglamentos de aplicación general y Congelamiento Preventivo, las normativas sectoriales, los estándares internacionales y los efectos que los delitos vinculados al lavado de activos y financiamiento al terrorismo pueden producir en las economías.

La consultora Claudia Álvarez-Troncoso, experta certificada en temas de administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, con especialidad en las áreas de anticorrupción, gobierno corporativo y ética empresarial, estuvo a cargo del taller que fue impartido en el salón Matías Ramón Mella del Ministerio de Hacienda.

Durante el acto de apertura, el director del CAPGEFI, Mariano Escoto Saba, manifestó que tomar consciencia sobre la importancia de la Ley 155-17 es clave tanto para los sujetos obligados de la legislación, como para la sociedad en sentido general, a fin de que el país logre ponerse en línea con el marco internacional de prevención del blanqueo de capitales.

En nombre del presidente del CONCLAFIT, Donald Guerrero Ortiz, habló Ruth de los Santos, quien explicó que para el Ministerio de Hacienda constituye una gran satisfacción proporcionar a los comunicadores una visión mucho más amplia acerca de los esfuerzos que lleva a cabo el gobierno para mejorar continuamente las políticas nacionales de prevención y combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Explicó que la Ley 155-17 incorpora nuevas técnicas de investigación y un enfoque basado en riesgo que pone en manos de los dealers de vehículos, casinos y juegos de azar, constructoras y bancos de ahorros y créditos, entre otros sujetos obligados, controles y procedimientos que les permiten protegerse de los delitos vinculados al lavado de activos.

De su lado, Wendy Lora, directora de la UAF, entidad encargada de la recepción de los reportes de operaciones sospechosas y transacciones en efectivo, anunció que próximamente se creará una escuela para expandir el conocimiento sobre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, de modo que la ciudadanía esté edificada acerca de la importancia de este tema para el buen funcionamiento de la economía nacional.

La inauguración de la actividad formativa también contó con la presencia de Karina Cruz, directora de Comunicaciones del Ministerio de Hacienda y Manuel Betancourt, director académico del CAPGEFI.

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El ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, participa en la reunión anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se celebra en Mendoza, Argentina, para tratar temas claves de América Latina y el Caribe, tales como: el crecimiento económico, el desarrollo urbano y la inversión privada.

En el cónclave, que inició el pasado 22 de marzo y concluirá este domingo 25, participan los ministros de finanzas, presidentes de Bancos Centrales y otras autoridades de países miembros, así como representantes de las instituciones financieras multilaterales, de desarrollo y de la banca privada.

Entre los temas que se abordarán en el foro se incluyen: “Nuevas oportunidades de las alianzas público-privadas (APP) en América Latina y el Caribe y “Financiando la infraestructura del futuro en LAC: estructuras innovadoras para atraer a nuevos inversores.

La delegación dominicana que acompaña al ministro Guerrero Ortiz está integrada por: Athemayani Del Orbe, directora de la Dirección General de Crédito Público; Cynthia I. Arias Báez, directora de Negociaciones Crediticias; Virginia Bello, directora de Información, Análisis Financiero y Control de Riesgos y José Luis Actis, asesor del Ministerio de Hacienda.

Fundado en 1959, el Banco Interamericano de Desarrollo es una de las principales fuentes de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico, social e institucional de América Latina y el Caribe.

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