El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) concluyó esta semana la visita in situ a la República Dominicana, en el marco del proceso de la IV Ronda de Evaluación que procura determinar el nivel de compromiso asumido por el país frente al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

La delegación de GAFILAT, encabezada por Marconi Melo, secretario ejecutivo de la entidad, sostuvo reuniones con el presidente del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), Donald Guerrero Ortiz; la Unidad de Análisis Financiero; representantes de la Procuraduría General de la República, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; de la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas.

Concluidas las entrevistas, el equipo evaluador deberá consensuar un informe preliminar que enviará al país aproximadamente en el mes de marzo a los fines de recibir los comentarios de las autoridades dominicanas.

El informe definitivo será presentado a la plenaria de GAFILAT en el mes de julio del presente año, cuando el organismo decidirá la calificación final de la República Dominicana y si debe seguir en seguimiento intensificado o en seguimiento técnico, conforme a la efectividad de las políticas, controles y procedimientos que ha establecido para identificar, medir, controlar, mitigar y monitorear el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Sin embargo, no será hasta mediados de 2019, cuando la plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI), organismo intergubernamental que promueve la aplicación efectiva de medidas legales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, decidirá sobre el procedimiento definitivo que se le seguirá al país. 

El presidente del CONCLAFIT afirmó que el gobierno dominicano ha asumido un compromiso firme contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva que ya arroja una lista de resultados concretos que incluye reformas legales, medidas operativas y la creación de un sistema de coordinación interinstitucional.

La promulgación de la Ley No.155-17 que obliga a los sectores de la economía, que han sido identificados como vulnerables por estándares internacionales, a implementar esquemas de identificación de sus clientes para evitar activos aparentemente legales, pero que en realidad provienen de actividades ilícitas es, sin lugar a dudas, la iniciativa más trascendental del sistema nacional de prevención y mitigación de delitos vinculados al lavado de activos. Sin embargo, no es la única.

Con la entrada en vigencia de los reglamentos de Congelamiento Preventivo, y de Aplicación de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo el 16 de noviembre del pasado año empezó a conformarse una estructura normativa que focaliza las acciones del Estado en la disminución de riesgos del lavado de activos y el terrorismo. 

El reglamento para la aplicación del congelamiento preventivo de activos financieros y bienes, promulgado con el decreto 407-17, establece procedimientos puntuales para la identificación y aplicación de medidas para el congelamiento de bienes o activos, conforme a lo establecido en las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1267 (1999) y 1988 (2011) y sucesivas.

“Esperamos que con el trabajo conjunto de todos los sectores involucrados, incluyendo el Congreso Nacional, los resultados sean acorde con los esfuerzos realizados. No obstante, estaremos presto para trabajar en las correcciones que surjan de los hallazgos del equipo evaluador”, indicó Guerrero Ortiz, quien además es ministro de Hacienda.

Las autoridades dominicanas procuran ser más efectivas en la persecución y la sanción de delitos que lesionan el patrimonio público, los bienes colectivos que el Estado debe tutelar, siempre respetando las garantías procesales y los derechos de los ciudadanos al debido proceso.

De igual modo, a través de la Ley No.249-17, que modifica la legislación del Mercado de Valores, se incorporaron flexibilidades en los plazos y procedimientos para el acceso a la información financiera para la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Administración Tributaria para garantizar que esas instituciones estén en condición de cooperar de manera oportuna con otras jurisdicciones en el intercambio de información que reduzca la posibilidad de que delincuentes nacionales e internacionales utilicen el sistema financiero dominicano para ocultar recursos procedentes de actividades ilícitas.

Asimismo, en un esfuerzo sin precedentes junto a otras instituciones, el CONCLAFIT ha impulsado la capacitación de más 1,800 sujetos obligados en esta materia, además de haberse efectuado jornadas de socialización con jueces, representantes del Ministerio Público y asociaciones empresariales, entre otros actores importantes del país.

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El Ministerio de Hacienda celebró ayer una reunión interinstitucional en la que se presentaron y discutieron los resultados preliminares de un análisis realizado por el Banco Mundial sobre el gasto público en el sector salud.

A la reunión asistieron funcionarios del Ministerio de Salud Pública, del Servicio Nacional de Salud, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, el Seguro Nacional de Salud, el Programa de Medicamentos Promese/Cal, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y de las direcciones generales de Presupuesto, Contrataciones Públicas y de Análisis y Política Fiscal del Ministerio de Hacienda.

Por el Banco Mundial estuvo presente Alessandro Legrottaglie, representante de ese organismo internacional en el país, así como los expertos que realizaron el estudio que evaluará la calidad del gasto público en términos de los resultados obtenidos e identificará oportunidades de mejora para optimizar el uso de los recursos públicos.

Los hallazgos preliminares presentados en la reunión forman parte del estudio de Revisión del Gasto Público que está realizando el Banco Mundial en la República Dominicana, una iniciativa impulsada por los ministerios de Hacienda y Economía, Planificación y Desarrollo.

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El Ministerio de Hacienda mantiene un ataque sistemático contra la evasión fiscal que está arrojando resultados positivos que empezarán a evidenciarse, tanto en la inversión pública como en la ejecución de los programas que atienden las necesidades de la población.

Así lo informó el ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, quien aseguró que se puede aumentar los ingresos y mejorar la eficiencia del sistema tributario dominicano sin incrementar las tasas de los impuestos existentes.

Declaró que la forma más acertada de lograr ese propósito es aplicando mejoras administrativas para lograr una mayor eficiencia en la recaudación y hacer un análisis permanente del gasto tributario, es decir: el monto de ingresos que el fisco deja de percibir cada vez que otorga un tratamiento impositivo preferencial.

Indicó que esa es la línea de trabajo que lleva a cabo el órgano rector de las finanzas públicas para disminuir el incumplimiento. “En el pasado año 2017, los resultados  de las recaudaciones fueron sumamente halagadores. De hecho, más del 99.7% de las estimaciones de recaudación fueron cubiertas”, comentó el funcionario, tras felicitar la coordinación que existe entre la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas, así como la profundización de los procesos de fiscalización y las mejoras en la administración tributaria.

Guerrero Ortiz habló en estos términos al pronunciar las palabras de clausura de la conferencia y presentación del documento “Hacia un sistema tributario más eficiente”, elaborado por el Banco Mundial, cuyo contenido propone una serie de alternativas para aumentar los ingresos tributarios.

El funcionario manifestó que independientemente de la validez de los datos o la precisión de las estimaciones, el estudio del Banco Mundial constituye un aporte para la discusión técnica de la máxima rigurosidad analítica.

Tras citar varios informes del organismo internacional que han servido a las autoridades para ponderar opciones de políticas públicas, el ministro de Hacienda agradeció la realización del estudio que contiene un análisis minucioso de la situación fiscal de República Dominicana.

Sobre la recaudación que se deja de obtener por los diversos mecanismos que crean gasto tributario, el funcionario planteó que “se debe tener una franca, abierta y objetiva discusión”.

Guerrero Ortiz indicó que si bien es cierto que la evasión del pago de las principales figuras impositivas (Impuesto sobre Transferencia de Bienes Industrializados –ITBIS- y el Impuesto Sobre la Renta de Personas Físicas y Jurídicas –ISR-) es muy elevada en el país, no lo es menos que los esfuerzos del gobierno para tratar de reducirla son cada vez más intensos.

Adelantó que la institución está recibiendo asesoramiento técnico para implementar un sistema de evaluación expost de los incentivos fiscales a fin de poder establecer de forma objetiva los costos y beneficios de cada incentivo otorgado.

«Este es un paso previo e imprescindible para ordenar la política de incentivos fiscales y restarle la discrecionalidad que da pie a las distorsiones», recalcó el ministro de Hacienda.

El estudio del Banco Mundial asegura que el Gobierno podría incrementar la recaudación general de sus ingresos a un 4% del Producto Interno Bruto, sin alterar las tasas impositivas, elevando la eficiencia de la recaudación del ITBIS y del ISR.

Entre las medidas para eliminar el fraude y las debilidades de la gestión impositiva, el organismo internacional sugiere: el fortalecimiento de la capacidad de cruzamiento de datos, lo que facilita la identificación de los contribuyentes que no cumplen; utilizar tecnología de la información y programas de verificación basados en riesgo y reformar el uso de la tarjeta de exención del ITBIS para la adquisición de bienes y servicios seleccionados.

Además, propone la reducción de los gastos fiscales costosos que son ineficientes o injustos; incorporar análisis rutinarios y rigurosos de costos y beneficios de todos los incentivos y gastos fiscales y ampliar la base impositiva mediante la reducción de la informalidad laboral.

La presentación del documento «Hacia un sistema tributario más eficiente» contó con la asistencia de Isidoro Santana, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo; Alessandro Legrottaglie, representante del Banco Mundial; Gianluca Mele, economista senior del Banco Mundial y el consultor Jaime Aristy Escuder.

Entre los panelistas estuvieron: Martín Zapata, viceministro de Políticas Tributarias del Ministerio de Hacienda; Marvin Cardoza, gerente de Estudios Económicos y Tributarios de la Dirección General de Impuestos Internos; Yvan Rodríguez, viceministro de Economía, Planificación y Desarrollo y Martín Francos, coordinador del área de Finanzas Públicas del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.

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El ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, recibió en su despacho la visita del Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Marco Vinicio Cerezo Arévalo, destacado abogado y político guatemalteco que ejerció la presidencia de su país entre 1986 y 1991.

La visita de cortesía se produce en momentos en que la República Dominicana ejerce la Presidencia Pro Témpore del SICA, un organismo internacional que procura consolidar la democracia, fortalecer las instituciones y lograr bienestar y justicia económica para sus Estados miembros.

Constituido el 13 de diciembre de 1991, mediante la suscripción del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), el órgano regional está integrado por: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Belice y República Dominicana.

Luego de convertirse en el primer civil democráticamente electo en Guatemala, Cerezo Arévalo, máster en administración pública, logró instaurar la democracia y la institucionalidad en su país, contribuyendo a una considerable modernización de la nación.

Ha sido llamado por muchos como el “Embajador de Centroamérica” por su servicio y compromiso por la paz, democracia, desarrollo e integración de la región.

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Durante un encuentro en el Ministerio de Hacienda, el ministro Donald Guerrero Ortiz recibió al nuevo representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la República Dominicana, Miguel Coronado.

Coronado posee una vasta experiencia profesional y una formación académica relevante que le ha permitido ejercer exitosamente diferentes posiciones. Previo a su designación como representante del BID en el país, se desempeñó durante 7 años como jefe de operaciones de ese organismo en México.

En el período comprendido entre junio de 1991 y julio de 2010, fue abogado de proyectos del Departamento Legal del BID, en Washington, D.C, Estados Unidos.

Allí fue responsable de la ejecución del día a día de todos los aspectos jurídicos de los proyectos bancarios y de garantizar la entrega de proyectos de alta calidad con las pautas de tiempo y de calidad dadas.

El nuevo representante del BID en el país es egresado de Derecho de la Universidad de los Andes, en Bogotá, Colombia. En la Universidad George Washington, en Washington D.C., Estados Unidos, se formó en Derecho Internacional y Comparativo.

En el corto y mediano plazo, la estrategia del organismo financiero internacional en el país contempla concentrar su accionar en el fortalecimiento del sector productivo; la mejora institucional del sector público y la optimización del gasto y la inversión social.

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El Ministerio de Hacienda emitió la Resolución No. 204-2017, que aprueba la Norma Sectorial para la Prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, con un Enfoque Basado en Riesgo para el sector de Casinos y Juegos de Azar, Bancas de Lotería, Apuestas deportivas y Concesionarios de Loterías Electrónicas.

La norma establece los criterios mínimos que las referidas empresas deben considerar para adoptar sus políticas, controles y procedimientos de forma que puedan identificar, medir, controlar, mitigar y monitorear sus riesgos de lavado de activos y financiamientos del terrorismo, según lo establece la Ley No. 155-17, Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

La Resolución, firmada por el ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, es de aplicación obligatoria para los casinos de juegos de azar, bancas de lotería o apuestas y concesionarios de loterías electrónicas, sujetos obligados de la Ley 155-17.

Conforme a la legislación, los sujetos obligados deben adoptar, desarrollar y ejecutar un Programa de Cumplimiento para la prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, con un enfoque basado en riesgo, adecuado a la organización, estructura, recursos y complejidad de las operaciones que realicen.

En ese tenor, la Resolución No.204-2017 ordena a los sujetos obligados elaborar un manual de cumplimiento con un enfoque basado en riesgo para realizar de forma metódica, efectiva y controlada las obligaciones que exige la ley, acorde con las mejores prácticas internacionales y las regulaciones complementarias. La disposición les exige, además, desarrollar programas de capacitación dirigidos a sus funcionarios y empleados en materia de prevención de lavado de activos.      

El lavado de activo es un proceso mediante el cual personas física o jurídica y organizaciones criminales, persiguen dar apariencia legítima a bienes o activos ilícitos provenientes de los delitos precedentes que señala la Ley 155-17, entre ellos: tráfico ilícito de drogas, de órganos humanos o de armas, secuestro, extorsión, soborno, prevaricación y trata de personas.

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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) mejoró la clasificación de riesgo para la República Dominicana, pasando de 5 a 4, reduciendo así las primas y tasas a pagar por las nuevas contrataciones de préstamos con agencias de crédito a la exportación (ECA’s).

En una escala que va del 0 al 7, siendo 0 la mejor calificación, los miembros de la OCDE evalúan cada año el riesgo crediticio de los países para establecer las tasas mínimas y las primas a pagar por los créditos de exportación oficiales.

Al otorgar esta nueva clasificación de riesgo, la OCDE reconoce el robusto y sostenido crecimiento económico de la República Dominicana en los últimos años, el fortalecimiento de su sistema financiero, su historial de pagos a tiempo, la consolidación fiscal y buena gestión de la deuda y la mejora significativa en las cuentas externas.

La clasificación de los países en una de las ocho categorías de riesgo se lleva a cabo mediante una evaluación cuantitativa del riesgo de crédito país que está basada en tres grupos de indicadores: la experiencia de pago informada por los participantes, la situación financiera y la situación económica, tomando los parámetros del Fondo Monetario Internacional (FMI). El proceso de evaluación incluye, además, una evaluación cualitativa por parte de expertos en riesgo país de los miembros de la OCDE a fin de integrar los factores que el modelo no toma plenamente en cuenta.

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Recientemente fue aprobado el proyecto de ley que modifica el Presupuesto General del Estado del año 2017 (PGE2017). Las motivaciones de dicha modificación se encuentran, entre otras, en operaciones que dependían del cumplimiento de hitos, en el caso de la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina; gastos originados por choques adversos que sufrió la economía, los cuales no era posible predecir al momento de formular el PGE2017 en septiembre de 2016; y en la necesidad de reconocer y asignar recursos recibidos por dividendos no presupuestados. Sobre este tema, en los últimos días han sido publicados artículos de opinión en la prensa nacional, donde se expresan afirmaciones sobre el financiamiento por parte del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) hacia el Gobierno Central, la deuda del Sector Público Consolidado y la actividad económica.

En primer lugar, aclaramos que el Banco Central de la República Dominicana no ha financiado ni financiará la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, ni ninguna otra operación del Sector Público No Financiero, tal como lo establece la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera. Debido al avance en la construcción de las plantas de generación termoeléctrica de la Central Punta Catalina, que permitirá el inicio de sus operaciones antes de la finalización del año 2018, surgió la necesidad de inyectarle al proyecto más recursos de lo que se había contemplado en el PGE2017. El gasto de capital adicional que se incluyó en la modificación presupuestaria para este proyecto fue financiado exclusivamente con la emisión de bonos globales que realizó el Ministerio de Hacienda en el mes de junio de 2017 por un monto de US$500 millones, colocados a una tasa de 5.1%, la más baja de la historia para la República Dominicana en los mercados de capitales internacionales. Dicha emisión había sido aprobada en el año 2016 por el Congreso Nacional, mediante el Artículo 2 de la Ley No. 687-16. Es decir, que este gasto contaba con la identificación y aprobación de su fuente de financiamiento ya en el año 2016.

La única razón por la que no se incluyó en el PGE2017 fue que, al momento de su formulación, no se tenía certeza de que el avance de las obras sería tan rápido durante el año 2017 que ya en este año se requeriría desembolsar ese monto del financiamiento autorizado por el Congreso en 2016.

Otra modificación que se requería en el PGE2017 se relaciona a los recursos destinados a la recapitalización del Banco Central. En este sentido, es muy importante destacar que durante el año 2017 por este concepto, el Gobierno Central transfirió al Banco Central RD$32,678.80 millones, una cantidad de recursos incluso superior a la establecida en el PGE2017, pero bajo el concepto de pagos de compromisos correspondientes a períodos anteriores. Por lo tanto, de no haberse realizado la modificación presupuestaria, el Gobierno se hubiera visto forzado a duplicar el monto de recursos a transferir al Banco Central durante este año 2017, lo que hubiera puesto en una muy difícil situación a las cuentas fiscales.

Vale resaltar que las modificaciones al PGE2017 no tendrán un efecto negativo sobre la actividad económica, debido a que el balance primario, indicador que refleja el impacto de la política fiscal sobre la economía, se modificó hacia una postura fiscal más expansiva. De hecho, el avance en las obras del proyecto Punta Catalina, donde laboran diariamente en turnos continuos más de 9,000 trabajadores dominicanos, resulta en sí mismo en un factor de dinamismo de la actividad económica. En adición, como consecuencia de las fuertes lluvias ocurridas en el norte del país a finales de 2016 y principios de 2017, se ha incurrido en inversión adicional de emergencia en las zonas afectadas. En términos presupuestarios, requirió una modificación para incorporar al Presupuesto, las fuentes de financiamiento de dichos gastos que ascendieron al equivalente de 0.3% del PIB. Lo anterior implica que durante el segundo semestre del año la política fiscal también aportó mayor dinamismo a la economía.

Finalmente, reiteramos el compromiso del Gobierno tanto con el proceso de consolidación fiscal como con la recapitalización del Banco Central, tal como queda plasmado en el PGE del año 2018, manteniendo el manejo responsable de las finanzas públicas y la sostenibilidad fiscal como eje de política, en un contexto de equidad, progresividad y calidad del gasto público.

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El presidente Danilo Medina juramentó al ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, como miembro del pleno del Consejo Nacional de Competitividad, así como a otros funcionarios y empresarios en un acto que se llevó a cabo en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional.

Mediante el decreto 389-17, del 23 de octubre de este año, el Presidente Medina designó por el sector público como parte del pleno, además del ministro de Hacienda a los funcionarios: Gustavo Montalvo, de la Presidencia; José Ramón Peralta, Administrativo de la Presidencia; Isidoro Santana, Economía, Planificación y Desarrollo; Francisco Javier García, Turismo;  Ángel Estévez, Agricultura; Nelson Toca Simó, Industria, Comercio y Mipymes, y Henry Molina, director de Centro de Exportación e Inversiones de República Dominicana.   

Los órganos están integrados por nueve empresarios y nueve ministros en el pleno del Consejo, así como 38 empresarios en el Consejo Consultivo, lo que se convierte en una acción público-privada concreta y pionera del Gobierno dominicano.

El Consejo, presidido por el presidente Danilo Medina, tiene la tarea de coordinar todos los sectores para eliminar obstáculos y abrir caminos que permitan a la economía de la República Dominicana ser más competitiva, es decir, crear más oportunidades para la gente. En la primera sesión ordinaria se indicaron acciones concretas que buscan mejorar el desempeño de la economía dominicana en los índices globales que valoran los niveles competitividad. 

Entre los empresarios juramentados en el pleno figuran, Pedro Brache, presidente ejecutivo del Grupo Rica y actual presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP); Fernando Capellán, presidente del Grupo M y presidente de Asociación para el Desarrollo (APEDI) y José Miguel González Cuadra, presidente ejecutivo del Grupo Centro Cuesta Nacional y Megacentro.

También, Manuel A. Grullón, presidente del Banco Popular; Luis Molina Achécar, del BHD León; Frank Rainieri, presidente del Grupo Punta Cana; Manuel E. Tavárez, fundador del Parque Industrial ITABO y Punta Caucedo, y Felipe Vicini, presidente del Grupo Inicia. Como Asesora Industrial del Poder Ejecutivo, y miembro del Consejo, se juramentó  a la señora Ligia Bonetti, presidenta ejecutiva del Grupo SID.

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Expertos de la Organización de las Naciones Unidas impartieron el taller: “Tratados de Doble Imposición, Conceptos, Definiciones y Reglas Distributivas”, a funcionarios de la Dirección General de Política y Legislación Tributaria del Ministerio de Hacienda, durante varias jornadas de análisis y estudio minucioso.

La capacitación se desarrolló en el marco del Proyecto de Cooperación Técnica en Negociación y Administración de Acuerdos Tributarios que la ONU ejecuta con la República Dominicana.

Entre los temas abordados se incluyeron: La cooperación fiscal internacional y el desarrollo de estándares internacionales; La aplicación de tratados fiscales a entidades transparentes; La imposición sobre los beneficios comerciales; La tributación sobre dividendos, intereses y ganancias de capital; La interpretación de los tratados fiscales y La eliminación de la doble imposición.

Los especialistas en asuntos tributarios Aart Roelofsen, subdirector del equipo de Tratados y Política Fiscal Internacional del Ministerio de Finanzas de los Países Bajos; y Jacques Sasseville, asesor interregional de la Unidad de Desarrollo de Capacidades, fueron los expositores.

Durante la celebración del taller, los participantes analizaron además los artículos del modelo de tratado aprobado por las Naciones Unidas, e hicieron comparaciones con el modelo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En la capacitación, que se llevó a cabo en el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI), del 4 al 8 del presente mes, también participaron técnicos de la Dirección general de Impuestos Internos y del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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